La Asamblea Metropolitana de Quito aprobó este martes, 8 de septiembre, una nueva ordenanza que busca reestructurar el modelo financiero del transporte público urbano y periurbano. La medida establece un incremento en la tarifa base del pasaje, pasando de $0,35 a $0,40 para las unidades urbanas, incluyendo los sistemas Trolebús y Ecovía. Esta decisión responde al objetivo declarado por el Municipio de erradicar lo que denomina la 'guerra del centavo', un fenómeno competitivo entre transportistas que ha afectado la estabilidad operativa del sector durante años.
Transición hacia un modelo integrado
El nuevo esquema tarifario entrará en vigencia a partir de enero de 2027. Hasta esa fecha, el Municipio mantendrá las compensaciones económicas actuales a los transportistas, que ascienden a $8.000 distribuidos mensualmente entre las unidades operativas que cumplan con los requisitos establecidos por Álex Pérez, secretario de Movilidad del Distrito Metropolitano. Estos beneficios incluyen la verificación de certificados de no adeudamiento al Municipio y el estado técnico de los vehículos.
La administración municipal sostiene que esta transición es necesaria para implementar un sistema integrado de recaudo basado en tecnología geolocalizada, actualmente en fase de pruebas con 211 unidades. Según Pérez, este mecanismo permitirá una visión general del sistema y generará ingresos justos e igualitarios, eliminando la necesidad de disputas tarifarias informales.
Impacto en zonas rurales y los valles
Mientras que el pasaje urbano se fija en $0,40 con una congelación de tarifa por cuatro años, las tarifas para buses hacia parroquias rurales y los valles experimentarán un ajuste más significativo. El costo actual de $1,90 ascenderá a $2,40 desde 2027, aunque el secretario de Movilidad advierte que en algunas zonas este valor puede rozar los $0,60 adicionales debido al cálculo por kilómetros recorridos.
La ordenanza incluye una disposición transitoria que obliga a rediseñar el modelo de cálculo para las zonas rurales dentro del próximo año. Este cambio busca incorporar variables socioeconómicas y establecer un techo tarifario claro. No obstante, la implementación enfrenta obstáculos técnicos: Pérez señaló que cooperativas como Vingala o Condorvall pertenecen jurídicamente a la Agencia Nacional de Tránsito (ANT), lo que complica su integración inmediata al sistema municipal integrado, como publicó este diario en Quito debate hoy el aumento del pasaje urbano.
Disputa sobre el equilibrio financiero
A pesar del respaldo técnico del ejecutivo local, el gremio del transporte mantiene una postura crítica. Jorge Yánez, vocero de la transportación urbana, argumentó que congelar las tarifas durante cuatro años sin revisar periódicamente los costos operativos —como combustible y mantenimiento— puede romper nuevamente el equilibrio financiero si las condiciones económicas cambian.
La pregunta central para el Distrito Metropolitano es qué ocurrirá cuando finalice diciembre de 2026, fecha en que cesan las compensaciones municipales. La administración asegura que no contempla un nuevo proceso de reajuste durante este periodo y se enfocará en la conexión tecnológica del sistema; sin embargo, los operadores exigen garantías sobre cómo el modelo de disponibilidad del servicio sostendrá financieramente a las cooperativas tras desaparecer el subsidio directo.
