El Distrito Metropolitano de Quito aprobó este martes, 8 de septiembre, una nueva ordenanza que busca reestructurar el modelo financiero del transporte público convencional. La medida establece un incremento en la tarifa del pasaje para las zonas urbanas, elevando el costo desde los $0,35 actuales hasta $0,40. Esta variación también se aplicará a los sistemas Trolebús y Ecovía, cuyas tarifas quedarán congeladas durante los próximos cuatro años bajo el nuevo esquema tarifario que entrará en vigencia en enero de 2027.
Estabilidad financiera y fin de la competencia informal
Álex Pérez, secretario de Movilidad del Municipio de Quito, explicó que la ordenanza tiene como objetivo principal cubrir un déficit financiero generado por el alza de los combustibles. Para facilitar esta transición hacia la nueva estructura tarifaria, las compensaciones económicas que actualmente entrega el Municipio a los transportistas se mantendrán vigentes hasta diciembre de 2026. Este apoyo económico asciende a $8.000 distribuidos mensualmente entre las unidades operativas.
El acceso a estas compensaciones está sujeto al cumplimiento estricto de requisitos administrativos y técnicos. Según detalló el funcionario, se verificará que los vehículos hayan sido revisados en la ciudad, que tanto el contrato como la habilitación del chofer estén vigentes, y que no existan adeudos con el Municipio. La plataforma tecnológica diseñada para este fin permitirá geolocalizar 211 unidades inscritas bajo jurisdicción municipal, eliminando lo que Pérez describe como la "guerra del centavo" mediante un sistema integrado de recaudo.
Impacto diferenciado en zonas rurales y valles
Mientras el pasaje urbano se estabiliza, las tarifas para los buses hacia parroquias rurales y los valles experimentarán cambios más significativos. El costo actual de $1,90 subirá a $2,40 desde 2027; sin embargo, en algunas zonas este valor puede rozar los $0,60 adicionales debido al cálculo por kilómetros recorridos. La ordenanza incluye una disposición transitoria que obliga a rediseñar el modelo de cálculo para incluir variables socioeconómicas y establecer un techo tarifario.
La revisión específica de estas tarifas rurales se realizará en un año tras la implementación del sistema integrado, el cual busca estandarizar los precios entre las cooperativas. No obstante, persisten desafíos operativos: algunas unidades pertenecen a la Agencia Nacional de Tránsito (ANT) y no están sujetas directamente a la jurisdicción municipal para implementar inmediatamente este modelo tecnológico, como contamos en Quito debate hoy el aumento del pasaje urbano.
Disputa sobre el equilibrio del sector
A pesar de las garantías municipales, los representantes gremiales mantienen una postura crítica. Jorge Yánez, vocero de la transportación urbana del Distrito Metropolitano de Quito, señaló que el Municipio está obligado a revisar periódicamente las condiciones económicas si los costos operativos cambian nuevamente durante este periodo de congelamiento tarifario.
La disputa central radica en quién tendrá la última palabra sobre el equilibrio financiero una vez finalice el apoyo municipal. Mientras la administración pública descarta nuevas revisiones tarifarias por cuatro años, el gremio argumenta que es necesario levantar información para determinar si los ingresos no operacionales del Municipio serán suficientes o si se requerirá otro proceso de ajuste en el futuro.
