Un nuevo golpe a la estructura operativa de Los Choneros, una de las bandas criminales más peligrosas del Ecuador, se concretó tras un operativo militar que culminó con la captura de siete presuntos integrantes de esta organización, entre ellos un individuo identificado con el alias de 'Pelado Kevin'. La intervención de las Fuerzas Armadas en el sector conocido como 5 de Junio no solo significó detenciones, sino también el decomiso de un arsenal que incluye fusiles y abundante munición, lo que evidencia el nivel de armamento con el que operan estas estructuras delictivas en territorio ecuatoriano.
Un operativo que revela el poder de fuego de la organización
Según la información reportada por La Posta, las Fuerzas Armadas ejecutaron la irrupción en una vivienda del sector 5 de Junio donde, de acuerdo con labores de inteligencia previas, se concentraban elementos vinculados a Los Choneros. El resultado inmediato fue la detención de siete personas, todas presuntamente ligadas a la organización criminal que durante años ha extendido sus tentáculos por la costa ecuatoriana.
Lo hallado dentro del inmueble resulta particularmente revelador. El arsenal decomisado incluye fusiles y municiones en cantidades significativas, un hallazgo que no hace sino confirmar lo que las autoridades de seguridad han venido advirtiendo: las bandas narcodelictivas en Ecuador poseen capacidad bélica equiparable —y en algunos casos superior— a la de fuerzas regulares de países vecinos. Este tipo de armamento no es de fabricación artesanal ni de uso civil; su presencia sugiere cadenas de tráfico de armas internacionales que alimentan la violencia interna.
La captura de 'Pelado Kevin', aunque aún se investiga su rol exacto dentro de la jerarquía de Los Choneros, representa un avance operativo importante. En organizaciones criminales de esta naturaleza, cada eslabón desarticulado compromete redes logísticas, financieras y territoriales que sostienen el narcotráfico y la extorsión.
Los Choneros: una amenaza persistente que exige respuesta sostenida
Para comprender la relevancia de este operativo es necesario dimensionar qué representan Los Choneros en el mapa criminal del Ecuador. Originarios de la provincia de Manabí, este grupo ha sido históricamente uno de los principales actores del narcotráfico en el país, con vínculos documentados con cárteles mexicanos —particularmente el Cártel de Sinaloa— y con organizaciones colombianas. Su influencia se extiende a las provincias de Guayas, Los Ríos, Esmeraldas y Santa Elena, donde controlan rutas de tránsito de droga y ejercen dominio territorial mediante la violencia.
Tras el asesinato de su líder histórico, Jorge Luis Zambrano, alias 'Rasquiña', en 2020, la organización experimentó una fragmentación que, lejos de debilitarla, multiplicó los frentes de conflicto. Facciones internas y alianzas cambiantes con otros grupos como Los Lobos, Los Tiguerones y Los Lagartos desataron una guerra por el control de territorios y rutas que ha dejado miles de muertos en los últimos años, incluyendo masacres carcelarias sin precedentes.
En este contexto, cada operativo exitoso contra Los Choneros no es simplemente una noticia policial más: es una pieza dentro de una estrategia de largo plazo que busca desmantelar una organización profundamente enraizada en el tejido social y económico de varias provincias costeras.
La política de mano dura del gobierno Noboa muestra resultados tangibles
Este operativo se inscribe dentro de la política de seguridad que el presidente Daniel Noboa ha impulsado desde que declaró el conflicto armado interno en enero de 2024, una decisión que otorgó a las Fuerzas Armadas facultades ampliadas para combatir a las organizaciones criminales en territorio nacional. La militarización de la estrategia de seguridad, aunque cuestionada por algunos sectores, ha permitido operativos de esta envergadura que antes resultaban difíciles de ejecutar bajo el marco legal ordinario.
Los resultados, si bien no han eliminado la amenaza —sería ingenuo esperarlo en el corto plazo—, muestran una tendencia clara: las fuerzas del Estado están recuperando la iniciativa. La capacidad de inteligencia para identificar casas de seguridad, la rapidez de ejecución y el volumen de material incautado indican una mejora operativa respecto a años anteriores, cuando las bandas criminales actuaban con una impunidad casi total.
La lucha contra el crimen organizado no se gana con un solo operativo, pero cada golpe a la estructura logística y armamentística de estas bandas reduce su capacidad de operar con libertad y envía un mensaje claro: el Estado no ha cedido el territorio.
Sin embargo, es fundamental que estos esfuerzos militares se complementen con acciones judiciales efectivas. De nada sirve capturar a presuntos miembros de organizaciones criminales si el sistema de justicia no logra procesarlos y condenarlos de manera expedita. La experiencia ecuatoriana ha demostrado, lamentablemente, que la puerta giratoria judicial ha devuelto a las calles a individuos capturados en flagrancia, minando la moral de las fuerzas de seguridad y la confianza ciudadana.
¿Qué viene después?
Los siete detenidos serán puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado, que deberá determinar los cargos correspondientes, probablemente vinculados a asociación ilícita, tenencia ilegal de armas y posible relación con actividades de narcotráfico. La investigación posterior será clave para establecer si 'Pelado Kevin' y los demás capturados pueden aportar información que permita escalar hacia niveles superiores de la organización.
Para la ciudadanía ecuatoriana, que ha vivido años de escalada criminal, operativos como este representan una señal necesaria de que la respuesta estatal existe y es contundente. La sostenibilidad de estos resultados, no obstante, dependerá de la continuidad de la inversión en inteligencia, la coordinación interinstitucional y, sobre todo, de un sistema judicial que esté a la altura de los desafíos que impone la lucha contra el crimen organizado en Ecuador.
