La Asamblea Nacional de Ecuador archivó esta semana el Proyecto de Ley Orgánica de Regulación y Promoción de la Inteligencia Artificial, una decisión que marca un punto de inflexión en la política tecnológica del país. La moción fue presentada por Cecilia Baltazar, presidenta de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Innovación, quien argumentó que el texto original planteaba problemas en la protección de derechos y podía limitar el desarrollo tecnológico al imponer atribuciones generadoras de gasto público sin observar las competencias constitucionales. Esta decisión legislativa se produce en un contexto internacional acelerado: mientras Ecuador redefine su marco normativo interno, Naciones Unidas prepara una sesión de alto nivel para establecer reglas globales sobre gobernanza digital.
La brecha entre la regulación local y el avance global
El archivo del proyecto no significa un vacío total en la normativa ecuatoriana. Desde marzo de 2026, Ecuador cuenta con una Estrategia para el Fomento del Desarrollo y Uso Ético y Responsable de la Inteligencia Artificial, presentada por el entonces Ministerio de Telecomunicaciones (Mintel). Este documento establece una hoja de ruta hasta 2029 que prioriza acciones de gobernanza y adopción responsable. Sin embargo, la realidad internacional exige respuestas más urgentes. Volker Türk, Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, advirtió el 14 de septiembre sobre los riesgos del desarrollo acelerado si no existen reglas claras. La Asamblea General de Naciones Unidas iniciará su debate general del 22 al 28 de septiembre, con un enfoque central en cómo proteger a más de mil millones de usuarios que ya emplean IA conversacional semanalmente, como publicó este diario en Ecuador puede aprovechar la IA sin competir con ChatGPT.
Geopolítica y la búsqueda de entendimientos comunes
Mientras Ecuador avanza hacia una nueva iniciativa legislativa —la Ley Orgánica para el Desarrollo, Uso Ético y Gobernanza presentada por Baltazar en septiembre—, las potencias mundiales disputan el liderazgo tecnológico. Estados Unidos y China compiten no solo por modelos avanzados, sino por acceso a chips y energía; Donald Trump rechaza frenar el desarrollo argumentando que beneficiaría a Pekín, mientras Bruselas aplica su Ley de IA (AI Act) buscando equilibrar innovación con salvaguardas. El proceso de la ONU, impulsado por la resolución 79/325, busca crear entendimientos comunes en un escenario donde 118 países aún no participan en grandes iniciativas de gobernanza y menos de un tercio de los países en desarrollo cuenta con una estrategia propia.
