La Corte Suprema de la provincia del Azuay ha resuelto el recurso de apelación parcial interpuesto por la Fiscalía en un caso emblemático de violencia juvenil, elevando la pena para un adolescente de 16 años implicado en el asesinato ocurrido en Cuenca. El tribunal determinó que la medida socioeducativa original de cuatro años era desproporcional frente a la gravedad de los hechos, incrementándola hasta ocho años de internamiento institucional en régimen cerrado. Esta decisión judicial refuerza la aplicación estricta del marco legal vigente para menores infractores cuando se trata de delitos de extrema violencia.
Aplicación estricta del Código de la Niñez y Adolescencia
La resolución se fundamentó en el numeral 3 del artículo 385 del Código de la Niñez y Adolescencia (CONA), norma que establece un rango sancionatorio entre cuatro y ocho años para adolescentes responsables de conductas tipificadas con penas superiores a diez años. La fiscalía había argumentado, durante la audiencia de apelación, que el juez de primera instancia no realizó un análisis adecuado sobre la proporcionalidad entre la infracción atribuida al menor y la sanción impuesta, en concordancia con lo dispuesto por el artículo 319 del CONA y el numeral 6 del artículo 76 de la Constitución.
Detalles forenses y cronología del crimen
Las investigaciones demostraron que el adolescente participó activamente como coautor en la agresión física a tres hombres, resultando fatal para uno de ellos. Los hechos ocurrieron el 19 de octubre de 2025 cuando los implicados, identificados presuntamente como integrantes del grupo delictivo 'Los Lobos', interceptaron a las víctimas en el mercado El Arenal de Cuenca. Tras interrogarlas sobre su afiliación criminal y torturarlas durante horas, trasladaron al grupo hacia Naranjal.
La detención se consumó cuando la marcha fue detenida en la zona del parque nacional Cajas. Allí, las víctimas lograron escapar lanzándose del vehículo, mientras el hombre de 39 años fallecía tras recibir más de 46 puñaladas. La prueba decisiva para vincular al menor incluyó pericias audio y video de cámaras de seguridad que confirmaron su presencia en la covacha donde se retuvo a las víctimas, así como análisis telefónico que trazó su ruta durante los hechos.
