La investigación penal por el asesinato de un gerente financiero de una institución universitaria en Quito se encuentra actualmente en la etapa de instrucción fiscal. El crimen, ocurrido el 11 de junio de 2026 en el sector de Miravalle, ha derivado en que la Fiscalía General del Estado formule cargos contra cinco adultos y un adolescente. Este avance procesal marca una transición crucial desde la investigación preliminar hacia la definición de si los imputados enfrentarán un juicio oral o serán sobreseídos.
Etapa de instrucción fiscal y medidas cautelares
La formalización del proceso implica que el expediente ha dejado atrás la fase inicial de averiguación para ingresar al procedimiento penal ordinario. Durante esta etapa, cuyo objetivo es reunir elementos de cargo y descargo, se han impuesto diversas medidas cautelares según la gravedad y las características de los procesados. Tres adultos —Galo Hernán O. G., María del Carmen S. V. y Josselyn Lisbeth V.— recibieron prisión preventiva por pedido fiscal. Por su parte, Juan Pablo G. O. y Juan Carlos G. T. deben cumplir presentaciones periódicas y cuentan con una prohibición de salida del país.
Hipótesis sobre el móvil: Auditorías internas
Según la teoría del caso presentada por los fiscales, el móvil del homicidio estaría relacionado con discrepancias surgidas durante acciones de auditoría impulsadas desde la Dirección Financiera de la universidad. Los elementos recogidos indican que uno de los imputados solicitó fotografías previas del vehículo y lugar de trabajo de la víctima, mientras otros realizaron seguimientos registrados en cámaras de seguridad. Se atribuye al adolescente C. D. E. L., procesado bajo el sistema especializado de justicia juvenil con internamiento preventivo, la ejecución de los disparos desde una motocicleta.
Plazos legales y próximos pasos judiciales
El Código Orgánico Integral Penal establece que para los adultos el plazo ordinario de instrucción no supera los 90 días, aunque puede extenderse hasta un máximo de 120 días si existen vinculaciones o reformulaciones. En tanto, la normativa de justicia juvenil fija un límite general de 45 días para el adolescente. La Fiscalía debe ahora decidir si presenta una acusación formal; en caso afirmativo, el caso pasará a evaluación y preparatoria del juicio, donde se determinará la responsabilidad penal efectiva.
