El Tribunal de Garantías Penales emitió una sentencia que condena a Bolívar A. P. a cuarenta años de prisión, en calidad de autor mediato del delito de sicariato. La resolución judicial responde al caso investigado por la Fiscalía General del Estado, donde se determinó que el sentenciado ordenó el asesinato de su propia madre, Juliana P. R., hecho ocurrido el 16 de marzo de 2025 en el sector de Rumipamba, norte de Quito. Esta decisión judicial representa un cierre procesal significativo para los familiares y la comunidad afectada por este crimen premeditado.
Aplicación del Código Orgánico Integral Penal
Fiscalía procesó este caso bajo lo establecido en el artículo 143 del COIP, que sanciona con una pena privativa de libertad entre veintiséis y treinta años. Sin embargo, la sentencia aplicó también la circunstancia agravante prevista en el numeral 5 del artículo 48 del mismo cuerpo legal, debido a que los acusados formaban parte del núcleo familiar de la víctima. Esta agravante explica la extensión de la pena hasta los cuarenta años solicitados y otorgados por el tribunal. La coautora Juliana P. R., quien fue procesada en conjunto con su hijo, recibió una reducción de su condena a cuatro años de privación de libertad al acogerse formalmente a la figura legal de cooperación eficaz.
Evidencias técnicas y testimonios clave
La construcción del caso penal se sustentó en un robusto paquete probatorio presentado durante las audiencias. Entre los elementos destacados figuran el testimonio anticipado de la cooperadora eficaz, dos declaraciones de testigos presenciales que observaron el ataque, y actas técnicas como el levantamiento del cadáver y el protocolo de autopsia médico-legal. Este último documento confirmó que la causa de muerte fueron heridas provocadas por arma de fuego. Adicionalmente, se incorporó un peritaje económico sobre las cuentas bancarias de Juliana P. R., evidenciando los depósitos realizados para pagar al sicario, así como audios extraídos del teléfono celular de la acusada.
Destino judicial de los implicados
Mientras Bolívar A.P. y su madre enfrentan las consecuencias legales directas, el presunto autor material del crimen no está sujeto a prisión tras ser hallado muerto en un centro de rehabilitación social donde cumplía prisión preventiva; por ello, la acción penal contra él se extinguió según informó Fiscalía. El caso ilustra cómo los mecanismos judiciales ecuatorianos pueden cerrar ciclos penales complejos mediante pruebas forenses y colaboraciones estratégicas, reforzando el marco legal vigente para combatir la violencia armada en las principales ciudades del país.
