Una medida que empieza a dar resultados tangibles
La tercera jornada consecutiva del toque de queda decretado por el gobierno de Daniel Noboa en cuatro provincias del país dejó un saldo contundente: más de 50 personas aprehendidas, decomiso de armas de fuego, y la interceptación de camiones cargados con combustible ilegal. Guayaquil, epicentro de la crisis de seguridad que atraviesa Ecuador desde hace años, fue nuevamente el escenario principal de operativos coordinados entre las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.
La información, reportada por medios como El Universo, Sucre Noticias y La Posta, confirma que las restricciones nocturnas están permitiendo a las fuerzas del orden recuperar espacios que durante meses habían quedado bajo la influencia de bandas criminales vinculadas al narcotráfico. No se trata de una medida improvisada: es parte de una estrategia sostenida del Ejecutivo para golpear las estructuras logísticas del crimen organizado.
El detalle de los operativos: armas, combustible y detenidos
Durante la noche del operativo, las fuerzas conjuntas desplegaron controles en puntos estratégicos de Guayaquil y otras zonas de las cuatro provincias bajo estado de excepción. Los resultados fueron significativos: además de las más de 50 aprehensiones —que incluyen personas con antecedentes penales y otras sorprendidas en flagrancia—, se decomisaron armas de fuego de diversos calibres, municiones y vehículos sospechosos.
Uno de los hallazgos más relevantes fue la interceptación de camiones que transportaban combustible de manera ilegal. Este dato no es menor: el contrabando de combustible subsidiado es una de las fuentes de financiamiento más importantes para las organizaciones criminales en la costa ecuatoriana. Cada galón desviado del mercado formal representa un doble golpe al Estado: pérdida fiscal y fortalecimiento económico de las mafias.
Las operaciones militares coordinadas incluyeron patrullajes vehiculares, puestos de control fijo, revisiones domiciliarias con orden judicial y vigilancia aérea en sectores considerados de alta peligrosidad. La presencia militar en las calles durante las horas de toque de queda —generalmente entre las 23:00 y las 05:00— ha sido un disuasivo efectivo que, según las cifras preliminares, ha reducido los índices de muertes violentas en las zonas intervenidas.
El contexto: por qué el toque de queda sigue siendo necesario
Para comprender la pertinencia de esta medida, es indispensable recordar el contexto. Ecuador cerró 2023 como uno de los años más violentos de su historia, con una tasa de homicidios que superó los 40 por cada 100.000 habitantes, cifra que colocó al país entre los más peligrosos de América Latina. Guayaquil, junto con Durán y otras ciudades del litoral, concentró una proporción desmedida de esas muertes.
Desde que asumió el poder, el presidente Daniel Noboa ha apostado por una política de mano dura que combina estados de excepción focalizados, incremento de la presencia militar en zonas críticas y cooperación internacional en materia de inteligencia. Los críticos señalan que estas medidas son temporales y no atacan las causas estructurales de la violencia. Sin embargo, los defensores de la estrategia —entre los que se cuenta buena parte de la ciudadanía guayaquileña— argumentan que sin orden público no es posible avanzar en ninguna otra agenda.
Y los números les dan la razón, al menos en el corto plazo. Cada jornada de toque de queda ha producido aprehensiones, decomisos y desarticulación de puntos de venta de droga. La pregunta legítima no es si estas operaciones sirven —evidentemente sirven—, sino si el Estado tiene la capacidad de sostenerlas en el tiempo y complementarlas con políticas de prevención y reinserción social.
El combustible ilegal: un frente de batalla olvidado
El decomiso de camiones con combustible ilegal merece un análisis aparte. Ecuador mantiene uno de los subsidios a los combustibles más costosos de la región, lo que genera un mercado negro enormemente lucrativo. Bandas criminales compran combustible a precio subsidiado y lo revenden en el mercado negro local o lo contrabandean hacia Colombia y Perú, obteniendo márgenes de ganancia que rivalizan con los del narcotráfico.
Que los operativos del toque de queda estén interceptando estas rutas de contrabando es una señal positiva. Significa que la inteligencia militar no se limita a perseguir delincuentes callejeros, sino que está apuntando a las cadenas logísticas que sostienen económicamente a las organizaciones criminales. Cortar el flujo de dinero es, a largo plazo, más efectivo que cualquier patrullaje.
Lo que viene: sostener la presión sin normalizar la excepción
El desafío para el gobierno de Noboa es claro: mantener la presión sobre el crimen organizado sin que el estado de excepción se convierta en la nueva normalidad. Los toques de queda son herramientas legítimas en situaciones de crisis, pero su uso prolongado genera fatiga ciudadana, afecta la economía nocturna y plantea interrogantes sobre derechos civiles.
La clave estará en la transición. Una vez que las operaciones militares hayan debilitado suficientemente las estructuras criminales, el Estado deberá ceder el protagonismo a la Policía Nacional, al sistema judicial y a las políticas sociales. Por ahora, sin embargo, los más de 50 aprehendidos y los decomisos de esta tercera jornada envían un mensaje inequívoco: el gobierno no está dispuesto a ceder terreno.
Los resultados de cada jornada de toque de queda demuestran que cuando el Estado decide actuar con determinación, tiene la capacidad de recuperar el control. El reto es convertir esa capacidad operativa en una política de seguridad integral y sostenible.
