Las imágenes resultan inusuales para el contexto ecuatoriano: tanques blindados AMX-13, equipados con cañones de 105 milímetros, avanzando sobre la espesa vegetación de la provincia de Esmeraldas para demoler la infraestructura de un frente de minería ilegal. El operativo, ejecutado por el Ejército ecuatoriano en el sector de Tululbí, cantón San Lorenzo, dentro de la denominada Zona Minera Norte, representa un salto cualitativo en la respuesta del Estado frente a una actividad que, desde hace años, devasta ecosistemas y alimenta las redes del crimen organizado en la frontera con Colombia.
Según información difundida por Radio Centro, el despliegue militar logró la destrucción de maquinaria pesada e instalaciones utilizadas para la extracción ilegal de oro, una economía clandestina que mueve millones de dólares anuales y que las autoridades vinculan directamente con grupos armados irregulares que operan en la zona.
¿Por qué tanques en una operación contra minería ilegal?
La pregunta es legítima y merece contexto. Los vehículos AMX-13 son tanques ligeros de fabricación francesa que forman parte del inventario del Ejército ecuatoriano desde hace décadas. Su capacidad de fuego y blindaje los convierte en herramientas eficaces para destruir infraestructura pesada —retroexcavadoras, dragas, campamentos fortificados— en terrenos de difícil acceso donde los grupos ilegales han establecido verdaderos enclaves productivos protegidos por hombres armados.
El cantón San Lorenzo, ubicado en el extremo norte de Esmeraldas y fronterizo con el departamento colombiano de Nariño, ha sido históricamente una de las zonas más golpeadas por la minería ilegal. La actividad no solo destruye ríos y bosques tropicales, sino que funciona como fuente de financiamiento para organizaciones criminales transnacionales dedicadas al narcotráfico, la extorsión y el sicariato. En ese contexto, el uso de blindados no es un exceso: es una señal de que el Estado ha decidido tratar esta amenaza con la seriedad que demanda.
Durante los últimos años, operativos convencionales con policías y militares a pie resultaron insuficientes. Los mineros ilegales reconstruían sus instalaciones en cuestión de días, protegidos por la geografía selvática y por la complicidad de ciertos actores locales. La destrucción contundente de la infraestructura mediante vehículos blindados busca elevar el costo de reposición y enviar un mensaje disuasorio más potente.
El contexto: Esmeraldas, epicentro de múltiples amenazas
Para entender la magnitud de este operativo es necesario comprender lo que ocurre en Esmeraldas. La provincia norteña concentra una convergencia de amenazas que pocos territorios en América Latina igualan: narcotráfico con rutas marítimas y fluviales hacia Centroamérica, presencia de disidencias de las FARC y del ELN colombiano, sicariato, trata de personas y, por supuesto, minería ilegal a gran escala.
El gobierno de Daniel Noboa, desde la declaratoria de conflicto armado interno en enero de 2024, ha intensificado las operaciones militares en zonas críticas del país. Si bien la atención mediática se concentró inicialmente en Guayaquil, Durán y las provincias costeras más urbanas, la frontera norte nunca dejó de ser un frente prioritario para las Fuerzas Armadas. La Zona Minera Norte de Esmeraldas ha sido objeto de múltiples intervenciones, pero el empleo de tanques blindados en este tipo de operaciones marca un precedente que no debe pasar inadvertido.
Según estimaciones de organizaciones ambientales y reportes previos de las propias Fuerzas Armadas, la minería ilegal en la cuenca del río Santiago y sus afluentes —entre ellos el Tululbí— ha contaminado con mercurio fuentes de agua que abastecen a comunidades afroecuatorianas y awá, generando una crisis de salud pública que rara vez ocupa titulares. La destrucción de estos frentes mineros tiene, por tanto, una dimensión humanitaria que trasciende lo puramente securitario.
Un precedente operativo con implicaciones estratégicas
El empleo de blindados AMX-13 en operaciones de interdicción contra la minería ilegal abre un debate necesario sobre la doctrina militar ecuatoriana y su evolución. Tradicionalmente, estos vehículos estaban reservados para escenarios de defensa territorial convencional. Su reorientación hacia operaciones de seguridad interna refleja la nueva realidad del país: las amenazas más graves no provienen de ejércitos extranjeros sino de actores no estatales que operan dentro del territorio nacional con capacidad logística y financiera considerable.
Esta decisión se enmarca en la política de mano dura que el presidente Noboa ha defendido desde el inicio de su gestión. La lógica es clara: si los grupos criminales invierten cientos de miles de dólares en maquinaria pesada para la extracción ilegal de oro, el Estado debe ser capaz de destruir esa inversión de manera rápida, contundente e irrecuperable. Un tanque blindado cumple ese objetivo con una eficacia que ninguna otra herramienta disponible puede igualar en terreno selvático.
No obstante, analistas de seguridad advierten que la destrucción de infraestructura, por espectacular que sea, debe acompañarse de estrategias integrales: control territorial permanente, interdicción financiera contra las redes de lavado de activos vinculadas a la minería ilegal, y alternativas económicas para las comunidades locales que, en muchos casos, participan en la actividad extractiva por falta de opciones.
Lo que viene: sostenibilidad del esfuerzo
El verdadero desafío no es destruir un frente minero ilegal, sino evitar que se reconstruya. La experiencia de países como Colombia y Perú, que llevan décadas luchando contra la minería ilegal amazónica, demuestra que los operativos militares puntuales tienen un impacto limitado si no van acompañados de presencia estatal permanente en el territorio.
Para Esmeraldas, esto implica no solo mantener el músculo militar desplegado, sino fortalecer la institucionalidad civil: fiscalías ambientales con capacidad real de investigación, control del comercio de mercurio y explosivos, y rastreo de las cadenas de comercialización del oro extraído ilegalmente. Sin esos componentes, los tanques blindados serán un símbolo poderoso pero insuficiente.
Por ahora, el operativo en Tululbí envía un mensaje inequívoco: el Estado ecuatoriano está dispuesto a escalar su respuesta. En un país que hace apenas dos años no imaginaba tanques en operaciones internas, la imagen de un AMX-13 demoliendo campamentos mineros ilegales en la selva esmeraldeña es, quizás, la mejor metáfora del momento que vive Ecuador.
