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Día 13 de toque de queda deja 65 detenidos y la destrucción de un inmueble criminal en Yaguachi

Día 13 de toque de queda deja 65 detenidos y la destrucción de un inmueble criminal en Yaguachi

Los operativos militares y policiales no dan tregua en Guayas, Los Ríos, El Oro y Santo Domingo mientras se mantiene el estado de excepción

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El decimotercer día consecutivo de toque de queda en cuatro provincias del Ecuador dejó un saldo contundente: 65 personas detenidas por incumplimiento de las restricciones y la destrucción de un inmueble presuntamente vinculado a actividades delictivas en el cantón Yaguachi, provincia del Guayas. Las acciones, ejecutadas de manera conjunta por las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, confirman que el gobierno de Daniel Noboa mantiene una estrategia sostenida de presión territorial contra las estructuras criminales que operan en las zonas más afectadas por la violencia.

La demolición del inmueble en Yaguachi no es un hecho aislado. Se inscribe dentro de una política deliberada del Ejecutivo que busca desmantelar no solo las redes humanas del crimen organizado, sino también su infraestructura física: casas de seguridad, centros de acopio y propiedades adquiridas con dinero ilícito. Este tipo de operativos envía un mensaje claro: la mano dura del Estado no se limita a detenciones, sino que apunta a golpear las bases logísticas de la delincuencia.

Un toque de queda que no pierde intensidad

Desde que se decretó el estado de excepción con toque de queda en las provincias de Guayas, Los Ríos, El Oro y Santo Domingo de los Tsáchilas, las fuerzas del orden han mantenido un ritmo operativo constante. A lo largo de estos trece días, las cifras acumuladas de detenidos, armas incautadas y operativos ejecutados reflejan una voluntad política de no ceder terreno frente a las organizaciones criminales que durante años consolidaron su presencia en estas regiones.

Las 65 detenciones registradas en esta jornada corresponden en su mayoría a personas que violaron las restricciones de movilidad nocturna. Si bien algunos críticos podrían cuestionar la proporcionalidad de estas medidas, el contexto ecuatoriano exige recordar que estas provincias concentran algunos de los índices de criminalidad más elevados del país. El toque de queda no es un capricho autoritario: es una herramienta legal que permite a las fuerzas de seguridad operar con mayor capacidad en horarios que históricamente han sido aprovechados por grupos delictivos para cometer sus actos.

Según información reportada por medios como El Universo, Radio Centro y Sucre Noticias, los operativos se han desarrollado de manera simultánea en múltiples cantones, lo que sugiere una coordinación logística significativa entre los diferentes comandos zonales de las Fuerzas Armadas y las unidades policiales desplegadas en el territorio.

Yaguachi: un cantón en la mira de la estrategia de seguridad

La destrucción de un inmueble vinculado a la delincuencia en Yaguachi merece un análisis particular. Este cantón guayasense, ubicado a poco más de 40 kilómetros de Guayaquil, ha sido históricamente una zona de tránsito estratégica para el narcotráfico y otras economías ilegales. Su ubicación geográfica, en la intersección de rutas que conectan la costa con la sierra, lo convierte en un punto neurálgico para las operaciones logísticas del crimen organizado.

La decisión de destruir propiedades vinculadas a actividades ilícitas tiene un fundamento legal en el marco del estado de excepción y responde a una doctrina que varios gobiernos latinoamericanos han implementado con resultados variables. En el caso ecuatoriano, la medida busca evitar que estos inmuebles sean reutilizados una vez que se levanten las restricciones. No basta con detener personas si las estructuras físicas que facilitan el delito permanecen intactas y disponibles para ser ocupadas nuevamente.

La demolición de infraestructura criminal representa un escalamiento cualitativo en la estrategia de seguridad del gobierno Noboa, que ha pasado de las detenciones masivas a la destrucción de los activos logísticos del crimen organizado.

El dilema de la sostenibilidad: ¿qué viene después del toque de queda?

Con trece días de operativos ininterrumpidos, la pregunta inevitable es cuánto tiempo puede mantenerse esta intensidad operativa y, más importante aún, qué estrategia de mediano plazo acompañará estas acciones de fuerza. La experiencia regional demuestra que los estados de excepción son efectivos como medidas de choque, pero requieren ser complementados con políticas de inteligencia criminal, fortalecimiento institucional y presencia estatal permanente en los territorios recuperados.

El gobierno de Noboa ha dado señales de entender esta complejidad. Las acciones no se limitan al despliegue militar: incluyen labores de inteligencia que permiten identificar inmuebles específicos como el de Yaguachi, lo que indica un trabajo previo de investigación y no simplemente operativos aleatorios. Esta distinción es fundamental para evaluar la seriedad de la estrategia.

Sin embargo, el verdadero desafío comenzará cuando el toque de queda se levante. Las comunidades de Guayas, Los Ríos, El Oro y Santo Domingo necesitan ver una transición ordenada hacia una presencia estatal permanente que no dependa de medidas excepcionales. Los 65 detenidos de esta jornada, como los de las jornadas anteriores, eventualmente enfrentarán procesos judiciales que pondrán a prueba la capacidad del sistema de justicia ecuatoriano, un eslabón que históricamente ha sido el más débil de la cadena de seguridad.

Un balance provisional pero prometedor

A trece días del inicio de las restricciones, el balance operativo es significativo. La acumulación de detenidos, la incautación de armamento y ahora la destrucción de infraestructura criminal configuran un escenario en el que el Estado ha recuperado, al menos temporalmente, la iniciativa frente al crimen organizado en estas provincias. La ciudadanía de estas regiones, que durante años ha vivido bajo la sombra de la extorsión, el sicariato y el narcotráfico, observa con una mezcla de esperanza y cautela.

Lo que resulta innegable es que la voluntad política existe. El gobierno de Noboa ha apostado por una estrategia de confrontación directa que, si bien tiene costos económicos y sociales derivados de las restricciones de movilidad, responde a un clamor ciudadano legítimo por seguridad. El reto ahora es convertir estos resultados tácticos en victorias estratégicas de largo plazo.