La isla de San Jacinto, conocida popularmente como Santay, se encuentra en el centro de una crítica profunda sobre la eficacia y el alcance de los mecanismos de cooperación internacional. José Delgado Mendoza, gestor cultural y ambiental además de director del Observatorio de Santay, ha señalado que existe una paradoja estructural: mientras existen fondos y organismos dispuestos a apoyar iniciativas ambientales y sociales, estos recursos permanecen en sus escritorios esperando propuestas formales que nunca llegan desde el territorio insular.
La brecha entre la necesidad y la burocracia
El análisis presentado por Delgado Mendoza expone un fallo sistémico en los mecanismos de financiamiento. La mayoría de estos programas operan bajo proyectos presentados exclusivamente por ministerios, municipios u otras instituciones centrales del Estado. Sin embargo, cuando no existe un expediente preparado específicamente para Santay o cuando la isla no figura entre las prioridades oficiales, se rompe el puente institucional necesario para conectar la necesidad con el financiamiento disponible.
Una comunidad más allá de los manglares
Más allá de la gestión ambiental, la crítica señala que las intervenciones externas tienden a reducir la realidad insular a una sola dimensión: la conservación del manglar o la investigación científica. Esta visión ignora que Santay es, ante todo, un territorio habitado por una comunidad con necesidades urgentes y tangibles. La autora argumenta que no basta con ejecutar proyectos ambientales; la verdadera conservación requiere seguimiento continuo, mantenimiento y responsabilidades institucionales permanentes.
La urgencia de servicios básicos
Santay acumula dificultades estructurales significativas: el acceso al humedal lleva cerrado desde hace más de nueve meses, una escuela local ha estado sin electricidad ni internet durante años, y la comunidad debe transportar agua hasta la isla pagando posiblemente uno de los precios más altos del país. La administración institucional del área protegida reside en Guayaquil, a pocos kilómetros, lo que evidencia una desconexión geográfica y administrativa, como publicó este diario en La responsabilidad permanente con la cocodrilera de Santay.
Hacia un modelo de cooperación descentralizada
La propuesta para resolver esta situación implica invertir la lógica tradicional: dejar de esperar que las comunidades formen expedientes perfectos para llegar a los escritorios internacionales. En su lugar, se sugiere explorar vías de cooperación descentralizada mediante alianzas entre municipios, prefecturas y gobiernos locales extranjeros. Este enfoque permitiría abordar necesidades concretas como el agua potable o la movilidad, construyendo relaciones duraderas que realmente respondan a lo que la comunidad necesita.
