El Consejo de la Judicatura (CJ) ejecutó este 7 de septiembre una reestructuración significativa al eliminar las dependencias judiciales especializadas en corrupción y crimen organizado. Según el organismo, esta medida implica trasladar todas las competencias a los jueces de la Unidad Penal Iñaquito y de la Corte Provincial de Pichincha, pasando de un equipo reducido de 19 magistrantes a más de 50 habilitados para conocer estas causas. La presidenta del CJ, Mercedes Caicedo, presentó la decisión como una optimización técnica necesaria para combatir la impunidad, argumentando que los despachos ordinarios superaban el 100% de su capacidad operativa en los últimos meses.
La tensión entre eficiencia y especialización
Sin embargo, esta reorganización no ocurre en un vacío institucional. Ecuador cerró 2025 con 9.216 homicidios intencionales, registrando el año más violento de su historia histórica, mientras que entre enero y julio de 2026 la cifra ascendió a otros 4.882 casos. En este contexto de alta violencia asociada al crimen organizado, la decisión del CJ compara cargas de trabajo que no son estrictamente equivalentes: las causas de corrupción involucran estructuras societarias complejas, flujos financieros y pericias multijugador que difieren sustancialmente de una causa penal ordinaria. Contar expedientes no basta para determinar si un sistema está subutilizado ni revela la naturaleza técnica de los casos.
Antecedentes de inestabilidad judicial
La historia reciente del modelo especializado pone a prueba su viabilidad. En noviembre de 2025, el juez Carlos Serrano denunció presiones internas y renunció tras retirar su protección policial; paralelamente, en julio de 2026 se suspendió a tres jueces por revocar prisión preventiva en casos vinculados al alcalde Aquiles Álvarez, mientras que otros dos magistrantes fueron destituidos en febrero por presunto tráfico de influencias. Estas situaciones han generado dudas sobre la seguridad e independencia judicial, según informamos en Operativo de seguridad despliega refuerzos caninos ante la escalada del narcotrá.
El debate legal y técnico
Más allá del número de jueces, el abogado André Benavides sostiene que el CJ no podía deshacer mediante resolución administrativa una estructura nacida de reformas al COFJ en 2020. La Corte Constitucional estableció que la competencia material debe respetar la reserva de ley. El país necesita saber si los nuevos magistrantes contarán con formación específica en lavado de activos y extinción de dominio, o si se perderá el conocimiento especializado requerido para juzgar estas causas complejas.
