El Distrito Metropolitano de Quito ha intensificado su respuesta institucional frente a la problemática ambiental y sanitaria derivada del fuego no autorizado. Entre el 1 de junio y el 14 de septiembre de 2026, las autoridades locales confirmaron la apertura de 235 expedientes sancionatorios por quemas a cielo abierto en la capital ecuatoriana. Esta cifra representa un incremento significativo respecto al año anterior: durante toda la época seca del verano de 2025, el balance oficial registró únicamente 219 procesos, lo que significa que solo tres meses y medio de este periodo han superado las cifras acumuladas del ciclo completo previo en 16 casos.
Estrategia de control y distribución territorial
La aplicación de estas medidas de control se ha extendido a través de inspecciones preventivas realizadas por cuadrillas especializadas que operan en las diez administraciones zonales del Distrito Metropolitano. Sin embargo, el análisis detallado revela una concentración geográfica específica: tres sectores lideran los reportes de infracciones detectadas en flagrancia. La zona de Tumbaco encabeza la lista con 61 inicios de sanción, seguida por Los Chillos con 52 casos y La Delicia con 48 expedientes abiertos. En conjunto, estas tres administraciones agrupan 161 procesos formales contra infractores, lo que equivale al 69% del total metropolitano registrado hasta la fecha.
Marco normativo y penalizaciones económicas
Frente a esta realidad operativa, el Municipio de Quito mantiene un marco regulatorio estricto establecido por la Ordenanza Metropolitana para el Manejo Integral del Fuego. Las consecuencias económicas para los infractores son progresivas según la peligrosidad provocada: una multa base equivalente al 50% de un Salario Básico Unificado (SBU), tasada en USD 241, se aplica a las faltas leves. Para conductas graves, el rango oscila entre tres y 4,5 SBU; mientras que para las muy graves, las penalizaciones pueden alcanzar hasta 75 SBU, más contexto en Quito endurece sanciones por quemas.
«Las patrullas no reemplazan el cuidado individual», advirtió Gustavo Chiriboga, supervisor metropolitano de la AMC. «Quemar basura o restos vegetales desata emergencias que comprometen ecosistemas, casas y vidas humanas»
Estos desembolsos obligatorios pueden oscilar entre USD 482 para infracciones menores hasta USD 36.150 en los casos más graves. Los organismos de control insisten en que encender ramas o maleza sin permisos técnicos incrementa el riesgo de incendios forestales, dado que las condiciones climáticas y la vegetación seca favorecen una rápida propagación del fuego hacia áreas pobladas.
