El Municipio de Quito ha intensificado su operativo contra las quemas a cielo abierto, una práctica que durante la temporada seca representa un riesgo crítico para la seguridad ciudadana y el medio ambiente. Entre el 1 de junio y el 7 de septiembre de 2026, la Agencia Metropolitana de Control (AMC) sancionó administrativamente a 191 personas identificadas como autoras directas o responsables de estas infracciones. Esta cifra refleja una respuesta institucional directa ante la proliferación de focos de incendio que amenazan no solo las áreas verdes urbanas, sino también viviendas y la integridad física de los habitantes en zonas vulnerables.
La gravedad del delito y el costo económico
Las sanciones impuestas por el Municipio de Quito no son uniformes; se estructuran según la gravedad de la infracción, estableciendo un escalado punitivo que busca disuadir conductas negligentes. Una quema a cielo abierta se clasifica generalmente como una contravención de segunda clase, lo que conlleva inicialmente una multa equivalente al 50% del Salario Básico Unificado (SBU), es decir, $241 dólares para el año en curso. Sin embargo, la normativa municipal permite elevar significativamente este monto cuando las condiciones ambientales o los daños causados justifican una mayor severidad.
En los casos más graves, donde existe un riesgo inminente de propagación hacia áreas forestales densas o zonas residenciales, las multas pueden superar los 36 mil dólares. Esta escalada en la penalización económica responde a la necesidad de proteger el patrimonio natural y urbano de Quito frente a incendios que, debido al clima seco y a la topografía del sector oriental, tienden a expandirse con rapidez extrema.
Tumbaco: El epicentro de las infracciones
El análisis geográfico realizado por el Municipio revela una concentración significativa de casos en sectores específicos. Tumbaco emerge como la zona con mayor número de sanciones iniciadas, registrando 47 casos durante el periodo analizado. Esta localización no es casual; corresponde a un área donde la expansión urbana ha colindado estrechamente con reservas naturales y zonas boscosas, aumentando la fricción entre las prácticas agrícolas o domésticas inadecuadas y la protección ambiental.
La situación en Tumbaco subraya la urgencia de los controles preventivos. Las autoridades municipales han señalado que una quema puede propagarse con extrema velocidad bajo condiciones favorables para el fuego, terminando por afectar no solo la vegetación local, sino también propiedades privadas y animales. La seguridad de las personas se ve comprometida directamente cuando estas llamas escapan del control inicial, según informamos en Quito controló dos incendios forestales tras alertas de seguridad ambiental.
Derivaciones penales y prevención
Más allá de las sanciones administrativas que recaen sobre los 191 infractores, la respuesta institucional incluye una vía penal. El Municipio informó que se han presentado siete denuncias formales ante la Fiscalía General del Estado para investigar a aquellos autores cuyas acciones puedan constituir delitos ambientales o contra la seguridad colectiva. Como resultado de estas investigaciones, al menos una persona se encuentra actualmente bajo prisión preventiva.
La estrategia actual del Municipio de Quito prioriza la prevención como herramienta principal para reducir el riesgo de incendios forestales. La normativa establece claramente que no quemar basura, maleza ni restos de vegetación es la medida fundamental para evitar catástrofes. Al combinar multas severas con acciones penales en los focos más críticos, las autoridades buscan establecer un precedente claro sobre la responsabilidad civil y penal asociada a la negligencia ambiental durante la temporada seca.
