El presidente Daniel Noboa se trasladó a Cuenca para entregar un nuevo conjunto habitacional en el marco del programa Miti-Miti, la apuesta insignia de su gobierno en materia de vivienda social. En el conjunto Bemani, ubicado en la capital azuaya, el mandatario hizo entrega formal de las unidades habitacionales a familias beneficiarias de la provincia del Azuay, en un acto que combinó la celebración del logro concreto con un mensaje político contundente dirigido al sector financiero del país.
La jornada, sin embargo, trascendió la simple inauguración de obras. Noboa aprovechó la plataforma para reafirmar su postura frente a la banca privada, asegurando que su gobierno "forzó" a las entidades financieras a reducir las tasas de interés para créditos hipotecarios, y reveló que se han destinado USD 500 millones para subsidiar dichas tasas. Se trata de una declaración que merece análisis, tanto por sus implicaciones económicas como por el tono de confrontación selectiva que el presidente ha adoptado frente a ciertos sectores del establishment financiero.
Miti-Miti: la promesa de campaña que busca materializarse
El programa Miti-Miti nació como una de las propuestas más ambiciosas de la campaña de Daniel Noboa. Su premisa es sencilla pero poderosa: el Estado aporta la mitad del valor de la vivienda y el beneficiario asume la otra mitad mediante un crédito hipotecario en condiciones favorables. La idea apunta a cerrar la brecha habitacional que afecta a miles de familias ecuatorianas, particularmente en sectores de ingresos medios y medios-bajos que no califican para vivienda gratuita pero tampoco pueden acceder al mercado inmobiliario convencional.
La entrega en Cuenca representa un paso tangible en esa dirección. El conjunto Bemani se suma a otros proyectos que el gobierno ha ido inaugurando en distintas provincias del país, buscando demostrar que el programa no se quedó en el terreno de las promesas electorales. Para el Azuay, una provincia con fuerte tradición migratoria y donde las remesas han impulsado históricamente el sector de la construcción, la llegada de vivienda subsidiada tiene un significado particular: ofrece una alternativa concreta a familias que, pese a contar con ingresos estables, enfrentan dificultades para acceder a créditos en condiciones razonables.
La presión sobre la banca: estrategia económica con rédito político
Quizás el aspecto más relevante de la jornada fue la declaración del presidente Noboa respecto al sector bancario. Según sus palabras, recogidas por Radio Centro y Derecha Diario EC, el gobierno logró que la banca redujera las tasas de interés para créditos de vivienda, y destinó USD 500 millones específicamente para subsidiar esas tasas. Es una cifra considerable que plantea varias preguntas sobre su origen, mecanismo de distribución y sostenibilidad fiscal a mediano plazo.
El contexto es importante para entender esta decisión. Ecuador arrastra un problema estructural de acceso al crédito hipotecario. Las tasas de interés para vivienda, aunque reguladas por el Banco Central, históricamente han sido percibidas como elevadas en relación con los ingresos promedio de la población. La decisión del gobierno de intervenir activamente para reducirlas —ya sea mediante subsidios directos o presión regulatoria— responde a una lógica que combina política social con estímulo económico: más créditos accesibles significan más construcción, más empleo en el sector y más dinamismo para industrias conexas como la de materiales de construcción.
"La banca fue forzada a bajar los intereses", afirmó el presidente Noboa durante la entrega de viviendas en Cuenca, en una declaración que evidencia la voluntad del Ejecutivo de intervenir activamente en las condiciones del mercado crediticio habitacional.
Desde una perspectiva de libre mercado, la intervención estatal en las tasas de interés siempre genera debate. Sin embargo, en un país donde el déficit habitacional supera las 2,2 millones de unidades —según estimaciones del propio sector inmobiliario—, la acción gubernamental para facilitar el acceso a vivienda puede justificarse como una medida de política pública focalizada, siempre que no distorsione de manera permanente los mecanismos del mercado financiero. La clave estará en que estos subsidios sean temporales, focalizados y fiscalmente responsables.
Implicaciones para el Azuay y la agenda social del gobierno
La elección de Cuenca como escenario para esta entrega no es casual. El Azuay es una provincia políticamente competitiva, donde Noboa necesita consolidar apoyos de cara a la gestión futura. La sierra sur ecuatoriana, con su tejido social conservador y su clase media pujante, representa exactamente el tipo de electorado al que el programa Miti-Miti está diseñado para apelar: familias trabajadoras que valoran el esfuerzo propio pero necesitan un empujón del Estado para alcanzar el sueño de la vivienda propia.
Además, la entrega de viviendas permite al gobierno mostrar resultados en un ámbito distinto al de la seguridad, que ha dominado la agenda mediática durante prácticamente toda la administración Noboa. Sin abandonar la política de mano dura contra el crimen organizado —que sigue siendo su carta más fuerte en términos de aprobación ciudadana—, el presidente diversifica su portafolio de logros hacia el terreno social y económico, una estrategia necesaria para mantener niveles altos de respaldo popular.
El desafío, no obstante, sigue siendo la escala. Ecuador necesita decenas de miles de viviendas nuevas cada año para cerrar su brecha habitacional. Los conjuntos entregados hasta ahora representan avances reales pero todavía modestos frente a la magnitud del problema. La asignación de USD 500 millones para subsidios de tasas sugiere que el gobierno es consciente de que el programa necesita acelerarse, pero la pregunta sobre la sostenibilidad fiscal de ese esfuerzo permanece abierta, especialmente en un contexto presupuestario ajustado.
Lo que queda claro es la intención política: Noboa quiere que Miti-Miti sea recordado como su legado en materia social, del mismo modo que la lucha contra la inseguridad define su legado en materia de orden público. En Cuenca, dio un paso más en esa dirección.
