La Policía Nacional del Ecuador mantiene un despliegue operativo sostenido en las cuatro provincias que se encuentran actualmente bajo estado de excepción y toque de queda: Guayas, Santo Domingo de los Tsáchilas, Los Ríos y El Oro. Así lo confirmó el general Pablo Dávila, quien aseguró que las fuerzas del orden están ejecutando acciones coordinadas para garantizar el cumplimiento de las medidas extraordinarias decretadas por el Ejecutivo.
La declaración del alto mando policial llega en un momento en que la ciudadanía de estas provincias exige resultados concretos frente a la escalada de violencia que motivó, precisamente, la activación de estos mecanismos constitucionales. La presencia militar y policial en las calles no es solo un recurso disuasivo: es la materialización de una política de Estado que ha apostado por la mano firme como eje central de su estrategia de seguridad interna.
Un despliegue focalizado en las zonas más críticas
Las provincias de Guayas, Santo Domingo de los Tsáchilas, Los Ríos y El Oro no fueron seleccionadas de manera arbitraria. Estas jurisdicciones concentran algunos de los índices más altos de homicidios intencionales, extorsiones y actividades vinculadas al crimen organizado transnacional en el país. Guayas, con Guayaquil como epicentro, ha sido históricamente el territorio más golpeado por la violencia asociada al narcotráfico y las bandas delictivas.
Santo Domingo de los Tsáchilas, por su ubicación geográfica estratégica como nudo de conexión vial entre la Costa y la Sierra, se ha convertido en un corredor utilizado por estructuras criminales para el transporte de drogas y armas. Los Ríos y El Oro, por su parte, enfrentan dinámicas similares agravadas por la porosidad de sus fronteras internas y, en el caso de El Oro, su cercanía con la frontera sur con Perú.
El general Dávila, según reportó Primicias, enfatizó que los operativos incluyen controles vehiculares, patrullajes permanentes, allanamientos con orden judicial y verificación del cumplimiento del toque de queda en los horarios establecidos. Estas acciones se realizan de manera conjunta entre la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, en el marco de las facultades que otorga el estado de excepción.
El estado de excepción como herramienta de gobernabilidad
Es importante contextualizar por qué el gobierno de Daniel Noboa ha recurrido de forma recurrente a esta figura constitucional. El estado de excepción, contemplado en los artículos 164 al 166 de la Constitución de la República, permite al presidente restringir ciertos derechos —como la libertad de tránsito— y disponer de las Fuerzas Armadas para tareas de seguridad interna. No es una medida menor, pero la gravedad de la crisis de seguridad que atraviesa Ecuador la ha convertido en un instrumento prácticamente indispensable.
Desde que Noboa asumió el poder, la estrategia de seguridad del Ejecutivo se ha fundamentado en la presión constante sobre las estructuras criminales, combinando operativos militares y policiales con reformas normativas orientadas a endurecer las penas y facilitar la persecución del delito organizado. Los estados de excepción focalizados en provincias específicas responden a una lógica de priorización: concentrar recursos donde la amenaza es más aguda.
Los críticos de esta estrategia argumentan que los estados de excepción recurrentes pueden normalizar la restricción de derechos fundamentales. Sin embargo, la realidad sobre el terreno —con extorsiones generalizadas, sicariatos y disputas territoriales entre bandas— deja poco margen para respuestas tibias. La ciudadanía de estas provincias, en su mayoría, ha expresado respaldo a la presencia de uniformados en las calles como una medida necesaria, aunque insuficiente por sí sola.
¿Qué resultados se esperan y qué falta por hacer?
El despliegue policial y militar en estas cuatro provincias debe medirse no solo en términos de operativos ejecutados, sino en indicadores concretos: reducción de homicidios, desarticulación de bandas, incautación de armas y drogas, y, sobre todo, la percepción de seguridad de la población. El gobierno ha presentado cifras que muestran avances en decomiso de sustancias ilícitas y detenciones, aunque los niveles de violencia siguen siendo significativamente superiores a los registrados hace una década.
La sostenibilidad de esta estrategia depende de varios factores. En primer lugar, de la capacidad logística y operativa de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas para mantener el ritmo de los operativos sin agotar sus recursos humanos y materiales. En segundo lugar, del acompañamiento judicial: de nada sirven las detenciones si el sistema de justicia no procesa los casos con la celeridad y firmeza necesarias. La puerta giratoria en las cárceles sigue siendo uno de los talones de Aquiles de la política de seguridad ecuatoriana.
Adicionalmente, el componente de inteligencia resulta crucial. Los operativos de control visible son importantes para disuadir y generar sensación de presencia estatal, pero la verdadera desarticulación de las redes criminales se logra mediante trabajo de inteligencia que permita identificar líderes, rutas de financiamiento y conexiones internacionales. En este ámbito, la cooperación con agencias internacionales como la DEA y organismos regionales es un activo que el gobierno de Noboa ha sabido cultivar.
Una batalla que requiere persistencia y estrategia integral
La vigilancia policial en Guayas, Santo Domingo, Los Ríos y El Oro es un paso necesario, pero no suficiente. La lucha contra el crimen organizado en Ecuador exige una estrategia integral que combine la mano dura operativa con reformas institucionales profundas en el sistema penitenciario, la administración de justicia y la prevención social del delito.
Lo que está claro es que la inacción no es una opción. Las declaraciones del general Dávila reflejan la voluntad del Estado de mantener la presión sobre las estructuras criminales en los territorios más vulnerables. La pregunta que queda abierta es si esta presión sostenida logrará traducirse en una reducción real y duradera de la violencia, o si será necesario escalar las medidas a niveles aún más contundentes en los próximos meses.
