La Policía Nacional logró la captura de dos presuntos integrantes de una red de extorsión que operaba desde el interior de un centro de privación de libertad para amenazar y exigir dinero a comerciantes en la provincia de El Oro. Los detenidos habrían exigido 2.000 dólares a una de sus víctimas, un comerciante local que decidió denunciar los hechos ante las autoridades, lo que permitió activar un operativo de inteligencia que culminó con la desarticulación de la célula criminal.
El caso, reportado por El Universo, vuelve a poner sobre la mesa un problema estructural del sistema penitenciario ecuatoriano: la capacidad que tienen las organizaciones criminales para dirigir operaciones delictivas desde el interior de las cárceles, utilizando teléfonos celulares y redes de colaboradores externos que ejecutan las amenazas y cobran las extorsiones en las calles.
El modus operandi: amenazas desde la celda, cobro en la calle
Según la información disponible, la red operaba con un esquema ya conocido por las autoridades ecuatorianas. Desde el interior de la Penitenciaría del Litoral —uno de los centros carcelarios más grandes y conflictivos del país— los cabecillas realizaban llamadas telefónicas a comerciantes de El Oro, identificados previamente como potenciales víctimas por su actividad económica y nivel de ingresos.
Las amenazas incluían advertencias de muerte y daños a familiares si no se cumplía con el pago exigido. En este caso particular, la suma demandada era de 2.000 dólares, un monto que, aunque pueda parecer moderado en comparación con extorsiones a gran escala, resulta devastador para pequeños y medianos comerciantes que viven bajo el terror constante de estas organizaciones.
Los dos sospechosos capturados habrían fungido como operadores externos de la red, encargados de materializar las amenazas y recoger el dinero. Su detención fue posible gracias a labores de inteligencia policial que permitieron rastrear las comunicaciones y establecer la conexión entre las llamadas extorsivas y la Penitenciaría del Litoral.
Las cárceles como centros de mando criminal: un problema que persiste
Este caso no es un hecho aislado, sino un síntoma más de una crisis penitenciaria que Ecuador arrastra desde hace años. La Penitenciaría del Litoral, ubicada en Guayaquil, ha sido escenario de las peores masacres carcelarias en la historia del país y es considerada por las autoridades como uno de los principales nodos desde donde las bandas criminales coordinan actividades ilícitas que van desde la extorsión hasta el narcotráfico.
A pesar de los esfuerzos del gobierno de Daniel Noboa por recuperar el control de los centros de privación de libertad —incluyendo la declaratoria de conflicto armado interno en enero de 2024 y el despliegue de las Fuerzas Armadas en operaciones de seguridad interna—, la realidad demuestra que el problema de las comunicaciones ilícitas desde las cárceles sigue vigente. Los reclusos continúan accediendo a dispositivos móviles que les permiten mantener activas sus redes delictivas.
El gobierno ha implementado medidas como el bloqueo de señal telefónica en centros penitenciarios y la instalación de inhibidores de frecuencia, pero la eficacia de estos mecanismos ha sido cuestionada por la recurrencia de casos como el de El Oro. La corrupción interna en el sistema penitenciario —donde funcionarios facilitan el ingreso de teléfonos y otros objetos prohibidos— sigue siendo el principal obstáculo para cortar de raíz estas operaciones.
La extorsión: el delito que más crece y menos se denuncia
La extorsión se ha convertido en uno de los delitos de mayor crecimiento en Ecuador en los últimos años. Según cifras del Ministerio del Interior, los casos denunciados se han multiplicado exponencialmente desde 2022, aunque los expertos en seguridad estiman que la cifra real es significativamente mayor, dado que un porcentaje elevado de víctimas prefiere pagar antes que denunciar por temor a represalias.
En provincias como El Oro, Guayas, Los Ríos y Manabí, la extorsión ha golpeado con particular dureza al sector comercial. Desde propietarios de tiendas de barrio hasta empresarios del sector agrícola y camaronero, miles de ciudadanos viven bajo la sombra de amenazas que provienen tanto de organizaciones criminales sofisticadas como de delincuentes oportunistas que replican los métodos de las grandes bandas.
La decisión del comerciante afectado en este caso de acudir a las autoridades resulta significativa y digna de reconocimiento. En un contexto donde la desconfianza en el sistema de justicia y el miedo a las represalias disuaden a la mayoría de las víctimas de presentar denuncias, cada caso que llega a conocimiento de la Policía representa una oportunidad invaluable para desmontar estas redes.
La respuesta estatal: mano dura con visión estratégica
La captura de estos dos sospechosos, aunque representa un avance operativo, debe enmarcarse en una estrategia más amplia. No basta con detener a los eslabones más visibles de la cadena extorsiva; es imprescindible atacar las estructuras de mando que operan desde los centros penitenciarios y desmantelar las redes de corrupción que las hacen posibles.
El enfoque de mano dura que ha adoptado el gobierno de Noboa frente a la crisis de seguridad tiene en la lucha contra la extorsión uno de sus frentes más desafiantes. A diferencia del narcotráfico o los homicidios, la extorsión es un delito difuso, descentralizado y profundamente arraigado en el tejido social, lo que dificulta su combate mediante operativos convencionales.
La inversión en inteligencia policial, el fortalecimiento de las unidades antiextorsión y, sobre todo, la recuperación efectiva del control de las cárceles son condiciones indispensables para revertir esta tendencia. Mientras las prisiones sigan funcionando como centros de mando criminal, la extorsión continuará siendo una de las mayores amenazas para la seguridad ciudadana y la actividad económica del país.
