Los resultados del Programa para la Evaluación Internacional de Estudiantes (PISA) 2025, publicados por la OCDE el 18 de septiembre de 2026, presentan un escenario dual y complejo para Ecuador. Si bien se registra una mejora significativa en la cobertura educativa —con más jóvenes de 15 años escolarizados—, los datos revelan que la mayoría del estudiantado no alcanza siquiera las competencias mínimas requeridas para desenvolverse adecuadamente en la vida cotidiana. Esta evaluación marca un hito histórico, ya que constituye la primera participación regular de Ecuador en este índice tras su debut inicial bajo la iniciativa PISA-D en 2017 y una ausencia en los ciclos regulares de 2018 y 2022.
La brecha entre matrícula y aprendizaje
Ecuador ha logrado un avance cuantitativo innegable: la proporción de jóvenes de 15 años elegibles para rendir la prueba pasó del 61% en PISA-D 2017 al 84% en esta edición. Sin embargo, este incremento en el acceso no se tradujo en mejores indicadores de calidad. En matemáticas, apenas el 20% de los estudiantes ecuatorianos alcanzó el nivel mínimo (nivel 2), una cifra muy por debajo del promedio de la OCDE que sitúa al 65%. De manera similar, en lectura solo el 38% logró este umbral básico frente a un 69% regional de referencia, y en ciencias se registró un 40% contra el 74% de los países miembros. Además, en una nueva dimensión evaluada sobre resolución computacional de problemas, apenas el 32% demostró competencias sólidas, más contexto en PISA revela crisis educativa en Latinoamérica mientras Ecuador busca consolidar .
Contexto histórico y responsabilidad compartida
A diferencia del ciclo anterior, donde se medía la memorización o conocimientos aislados, PISA evalúa la capacidad de aplicar habilidades a situaciones reales. La OCDE señala que parte de la caída en los puntajes respecto a 2017 —un retroceso de 9 puntos porcentuales en matemáticas y 11 en lectura— podría estar relacionada con la mayor inclusión educativa; al representar una población más diversa y amplia, el promedio general se diluye. No obstante, frente a estos resultados, el informe subraya que la responsabilidad no recae únicamente en las instituciones públicas. Se requiere un compromiso activo de los docentes, actualización permanente del magisterio, corresponsabilidad parental y dedicación estudiantil para transformar esta cobertura escolar en aprendizaje efectivo antes de la próxima evaluación programada en 2029.
