La decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE) de adelantar las elecciones seccionales ha generado un efecto dominó que sacude la estructura interna de los partidos y movimientos políticos del país. La medida implica que las organizaciones deberán anticipar sus procesos de democracia interna —las llamadas primarias— para designar candidatos a alcaldías, prefecturas, concejalías y juntas parroquiales en plazos significativamente más cortos de lo previsto originalmente. Lo que parecía un calendario holgado se ha convertido en una carrera contra el tiempo.
El contexto detrás de la decisión del CNE
Para entender la magnitud de lo que está en juego, es necesario recordar que las elecciones seccionales constituyen el proceso electoral más complejo del Ecuador por la enorme cantidad de dignidades en disputa. Se eligen autoridades en los 221 cantones del país, las 24 provincias y centenares de juntas parroquiales rurales, lo que implica miles de candidaturas que deben pasar por filtros internos antes de ser inscritas oficialmente.
El adelantamiento de las seccionales responde a la necesidad de sincronizar el calendario electoral tras las alteraciones provocadas por la muerte cruzada decretada en 2023 por el expresidente Guillermo Lasso, que disolvió la Asamblea Nacional y provocó elecciones anticipadas. Aquella decisión generó un desajuste en los períodos de gestión de las autoridades locales y nacionales que el CNE busca ahora corregir progresivamente.
Según la información reportada por Primicias, el organismo electoral ha establecido nuevos plazos que obligan a los partidos a acelerar sus procesos de selección interna. Esto no es un trámite menor: las primarias requieren logística, convocatorias, inscripción de precandidatos, votaciones internas y resolución de impugnaciones, todo dentro de marcos normativos que los propios partidos tienen estatuidos.
La reacción del espectro político: entre la preparación y el rechazo
Las reacciones han sido dispares. Algunas organizaciones políticas han señalado que se encuentran listas para cumplir con los nuevos plazos, argumentando que ya venían trabajando en la identificación de cuadros territoriales y potenciales candidatos. En este grupo se ubican generalmente las agrupaciones con mayor estructura orgánica a nivel nacional, que cuentan con directivas provinciales y cantonales operativas.
Sin embargo, otras agrupaciones han cuestionado abiertamente la legalidad de la medida. El argumento central de los críticos es que el CNE estaría modificando reglas del juego electoral sin el sustento legal suficiente, y que los plazos impuestos resultan materialmente imposibles de cumplir para organizaciones más pequeñas o con menor capacidad logística. Este cuestionamiento no es menor, pues podría derivar en acciones legales ante el Tribunal Contencioso Electoral (TCE).
El debate de fondo no es solo logístico sino democrático: primarias apresuradas pueden reducir la calidad de la selección de candidatos y concentrar las decisiones en las cúpulas partidistas en lugar de abrir la participación a las bases.
Este es un riesgo que varios analistas han señalado. Cuando los tiempos se acortan drásticamente, quienes tienen mayor visibilidad, recursos y cercanía con las dirigencias nacionales tienden a imponerse sobre candidatos emergentes que necesitan más tiempo para darse a conocer. La democracia interna, que ya es frágil en muchos partidos ecuatorianos, podría verse aún más debilitada.
Las implicaciones para el gobierno de Noboa
Desde la perspectiva del Ejecutivo, el adelantamiento de las seccionales tiene una lectura estratégica clara. El gobierno de Daniel Noboa necesita contar con aliados en los gobiernos locales para ejecutar su agenda, particularmente en temas de seguridad, infraestructura y gestión de servicios básicos. Un proceso electoral ordenado y oportuno permite al oficialismo —a través de Acción Democrática Nacional (ADN) y sus aliados— posicionar candidatos en territorios clave.
La administración Noboa ha mostrado capacidad de movilización política en elecciones anteriores, y un calendario adelantado podría beneficiar a organizaciones que ya tienen definida su estrategia territorial frente a aquellas que aún están en fase de reorganización. En política electoral, el tiempo es un recurso tan valioso como el financiamiento.
No obstante, el gobierno también debe ser cauteloso. Si la percepción ciudadana es que el adelantamiento favorece artificialmente a ciertos actores políticos, el costo en legitimidad podría superar cualquier ganancia electoral. La transparencia del CNE en la justificación de los nuevos plazos será determinante para la credibilidad del proceso.
Lo que viene: un calendario ajustado y decisiones pendientes
Los próximos meses serán decisivos. Los partidos deberán resolver en tiempo récord no solo sus primarias, sino también las alianzas y coaliciones que caracterizan a las elecciones seccionales, donde los acuerdos locales muchas veces difieren radicalmente de las alineaciones nacionales. Un alcalde oficialista en una provincia puede perfectamente aliarse con un movimiento de oposición en el cantón vecino.
El CNE, por su parte, deberá demostrar que cuenta con la capacidad operativa para fiscalizar los procesos de democracia interna de todas las organizaciones políticas habilitadas. En elecciones pasadas, las quejas por irregularidades en primarias han sido recurrentes, y un calendario comprimido aumenta la probabilidad de conflictos que terminen judicializados.
La ciudadanía, mientras tanto, observa con una mezcla de escepticismo y desinterés. Las encuestas consistentemente muestran que la confianza en los partidos políticos ecuatorianos se encuentra entre las más bajas de la región. Procesos de primarias apresurados y poco transparentes difícilmente contribuirán a revertir esa tendencia. El reto para el sistema político es convertir esta coyuntura en una oportunidad para demostrar que la democracia interna es algo más que un requisito burocrático.
