El presidente Daniel Noboa lanzó una de sus advertencias más contundentes desde que asumió el poder. En declaraciones realizadas desde Cuenca, el mandatario afirmó que su gobierno no se limitará a combatir a los cabecillas del crimen organizado en las calles y cárceles del país, sino que irá tras las figuras políticas y judiciales que, desde las sombras del aparato estatal, facilitan, protegen y alimentan las estructuras delictivas que tienen en vilo a la ciudadanía ecuatoriana.
La declaración no es menor. Representa una escalada discursiva y estratégica que busca atacar lo que analistas de seguridad han denominado durante años como el eslabón más difícil de romper en la cadena del crimen organizado: la corrupción institucional que le da oxígeno.
El diagnóstico detrás de la advertencia
Para comprender la magnitud de las palabras de Noboa, es necesario revisar el contexto. Ecuador atraviesa desde hace al menos cinco años una crisis de seguridad sin precedentes en su historia republicana. La tasa de homicidios pasó de 6 por cada 100.000 habitantes en 2018 a cifras que superaron los 40 en 2023, posicionando al país entre los más violentos de América Latina.
Pero el problema nunca ha sido exclusivamente criminal. Múltiples investigaciones periodísticas y judiciales han evidenciado que organizaciones como Los Lobos, Los Choneros y otras bandas vinculadas a carteles mexicanos y colombianos operan con niveles de impunidad que solo se explican por la existencia de redes de protección dentro del Estado. Jueces que otorgan libertades inexplicables, fiscales que archivan casos estratégicos, y políticos que legislan o gestionan en beneficio de estas estructuras han sido señalados reiteradamente por medios como Primicias y El Universo.
La llamada «puerta giratoria» judicial —donde detenidos por delitos graves recuperan su libertad en cuestión de horas— se convirtió en uno de los símbolos más frustrantes de esta crisis. No se trata de errores procesales aislados, sino de un patrón que sugiere complicidad sistémica.
Una línea que pocos presidentes se han atrevido a cruzar
Lo que distingue el pronunciamiento de Noboa es su disposición explícita a señalar no solo al crimen, sino a quienes lo amparan desde posiciones de poder legítimo. En la historia reciente de Ecuador, pocos mandatarios han confrontado abiertamente al poder judicial o a sectores políticos por su presunta vinculación con el narcotráfico. Las razones son comprensibles: hacerlo implica abrir frentes simultáneos contra actores con capacidad de retaliación institucional.
Sin embargo, el presidente parece calcular que el respaldo ciudadano a las políticas de mano dura —que se ha mantenido consistentemente alto en las encuestas desde la declaración del conflicto armado interno en enero de 2024— le otorga el capital político necesario para dar este paso. La ciudadanía ecuatoriana ha demostrado en múltiples sondeos que la seguridad es su principal preocupación y que demanda acciones drásticas, no solo contra sicarios y expendedores, sino contra los operadores que los protegen.
Desde Cuenca, una ciudad que históricamente ha sido considerada más segura que Guayaquil o Esmeraldas pero que en los últimos años también ha experimentado un deterioro en sus indicadores de seguridad, el mensaje adquiere un carácter simbólico adicional: ninguna región del país está exenta de esta lucha.
Los desafíos de pasar del discurso a la acción
La advertencia presidencial, no obstante, enfrenta obstáculos considerables en su ejecución. El principal es de naturaleza institucional: la separación de poderes en Ecuador, consagrada constitucionalmente, limita la capacidad del Ejecutivo para intervenir directamente en el sistema judicial. Cualquier acción contra jueces debe canalizarse a través del Consejo de la Judicatura, un organismo cuya independencia y eficacia han sido cuestionadas durante años.
En el ámbito político, identificar y procesar a legisladores o funcionarios vinculados al crimen organizado requiere investigaciones complejas que involucran a la Fiscalía General del Estado, otra institución que ha sido señalada por sus propias deficiencias. La pregunta que surge inevitablemente es: ¿puede el Estado depurarse a sí mismo cuando partes de su estructura están comprometidas?
Además, existe el riesgo de que la retórica contra «políticos y jueces corruptos» sea instrumentalizada políticamente para debilitar adversarios legítimos bajo el pretexto de la lucha contra el crimen. Este es un equilibrio delicado que el gobierno deberá manejar con transparencia y evidencia concreta para mantener su credibilidad.
¿Qué viene después?
Las declaraciones de Noboa deberán traducirse en acciones verificables para no quedarse en el terreno del discurso. Entre las medidas que analistas consideran necesarias se encuentran: la creación de unidades especializadas de investigación patrimonial para rastrear fortunas inexplicables de funcionarios públicos, reformas al sistema de designación de jueces en materias penales sensibles, y una mayor cooperación con organismos internacionales como la DEA y Europol para casos que involucren actores estatales.
Lo cierto es que el presidente ha puesto sobre la mesa un tema que la sociedad ecuatoriana conoce pero que rara vez se aborda con la frontalidad necesaria. La complicidad institucional con el crimen organizado no es un secreto; es, más bien, una verdad incómoda que ha carecido de voluntad política para ser confrontada. Si Noboa logra convertir esta advertencia en resultados concretos —detenciones, procesamientos, sentencias— habrá dado un paso que podría redefinir la lucha contra la inseguridad en Ecuador. Si no lo hace, habrá sido una promesa más en un país cansado de ellas.
