La demanda de la Corporación Eléctrica Ecuatoriana (CELEC) contra Progen, impulsada por el estudio jurídico Greenberg Traurig y el abogado Daniel Pulecio-Boek, ha revelado detalles cruciales sobre una presunta trama defraudatoria que afectó al Estado ecuatoriano durante la emergencia eléctrica de 2024. El proceso judicial, valorado en ciento cuatro millones de dólares, no solo busca recuperar los recursos públicos sino también esclarecer las responsabilidades penales y administrativas del entramado empresarial involucrado. En este contexto, la declaración jurada de John B. Manning, director ejecutivo de Progen, se erige como una pieza procesal fundamental que expone el incumplimiento total en la entrega de equipos para las centrales hidroeléctricas Quevedo y Salitral.
Confesión bajo juramento
Durante su declaración, Manning reconoció explícitamente que no se entregaron generadores funcionales, ni viejos ni nuevos. "Nunca entregamos nada", afirmó el directivo estadounidense, una frase que describe la ausencia total de los equipos prometidos para mitigar la crisis energética del país. Esta confesión bajo juramento contrasta con las versiones previas y sitúa a Progen en el centro de un escándalo donde se investiga cómo se pagaron adelantos por más de cien millones de dólares sin contraprestación efectiva.
Vínculos políticos y subcontratación
La declaración también apunta hacia una red de complicidad que involucra a figuras políticas y empresariales. Manning calificó a Karla Saud Calero y su esposo, José Walther Manrique Suárez, dueños de Astrobryxa, como los verdaderos artífices del acuerdo de subcontratación, describiéndolos con términos peyorativos. Además, el directivo aseguró que los contratos con CELEC eran acondicionados y que tanto el ministro Roberto Luque como Fabián Calero, gerente de la corporación eléctrica y primo de Karla Saud, tenían conocimiento de estas irregularidades, como publicó este diario en Salcedo imputaría a Correa y Glas de lavado con criptomonedas.
Implicaciones judiciales
La Fiscalía ha aportado datos adicionales que sustentan esta narrativa: Progen renunció al anticipo legal del 30% para evitar presentar garantías bancarias, una maniobra típica en fraudes complejos. Asimismo, se revela que Manrique era un contratista incumplido con el Estado antes de convertirse en subcontratista. La justicia ecuatoriana ahora debe determinar por qué CELEC pagó estos adelantos a pesar de los atrasos y las dudas sobre la viabilidad técnica de los generadores.
