El debate en torno a la gestión de la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec) ha cobrado una nueva dimensión tras las declaraciones del exgerente general, Fabián Calero. En un contexto donde la transparencia en la contratación pública es un pilar fundamental para la confianza ciudadana, Calero ha aclarado públicamente que su única actuación en los contratos firmados con la empresa Progen se circunscribió a la delegación técnica de la contratación por parte de las unidades de negocios de la entidad pública.
Esta precisión es crucial para entender la arquitectura de toma de decisiones dentro de las empresas públicas ecuatorianas. A diferencia de la percepción popular que a menudo centraliza la responsabilidad en la figura del gerente general, la normativa interna y el marco legal de contratación pública establecen que las unidades de negocios poseen autonomía técnica para evaluar y ejecutar contratos específicos. Calero, al hacer esta distinción, busca deslindar su responsabilidad administrativa de posibles irregularidades que pudieran existir en la ejecución operativa de dichos contratos.
El marco de la delegación técnica en empresas públicas
Para comprender la magnitud de la defensa de Calero, es necesario adentrarse en el funcionamiento burocrático de Celec. La delegación técnica no es un simple trámite administrativo; es un mecanismo diseñado para agilizar la gestión de proyectos complejos en el sector eléctrico. Bajo este esquema, las unidades de negocios, compuestas por ingenieros y especialistas del sector, tienen la potestad de evaluar las propuestas técnicas y económicas de proveedores como Progen.
La figura del gerente general, en este esquema, actúa como un supervisor de alto nivel que aprueba la estrategia general, pero delega la evaluación técnica detallada a los expertos en terreno. Calero argumenta que al firmar la delegación, validó el proceso de selección de los equipos técnicos, pero no intervino en la negociación de cláusulas específicas ni en la supervisión diaria de la ejecución del contrato. Esta distinción es vital en el derecho administrativo ecuatoriano, donde la responsabilidad penal o administrativa recae sobre quien toma la decisión operativa directa.
El caso Progen ha sido objeto de escrutinio debido a la naturaleza de los servicios contratados y los montos involucrados. Sin embargo, al trasladar la responsabilidad a las unidades de negocios, Calero refuerza la narrativa de que el sistema de controles internos de Celec funcionó según lo previsto por la ley. Esto no exonera a las unidades de negocios de su responsabilidad, pero sí aclara que la gerencia general no fue la única ni la principal autoridad en la toma de decisiones técnicas.
Implicaciones para la gestión pública y la transparencia
Las declaraciones de Calero llegan en un momento crítico para la reputación de las empresas públicas en Ecuador. En un escenario político donde el gobierno de Daniel Noboa ha priorizado la lucha contra la corrupción y la modernización del Estado, cualquier ambigüedad en la contratación pública puede ser interpretada como una falla sistémica. La clarificación del exgerente busca restaurar la confianza en los mecanismos de control de Celec, demostrando que existen cadenas de mando claras y que la responsabilidad se distribuye según la competencia técnica.
Desde una perspectiva de centro-derecha, es fundamental apoyar la claridad en la asignación de responsabilidades. Un sistema donde todos son responsables de todo, termina siendo un sistema donde nadie es responsable de nada. Al definir los límites de su actuación, Calero permite que la investigación, si la hubiera, se enfoque en los actores operativos directos. Esto es coherente con la visión de un Estado eficiente que no protege a los culpables, pero tampoco penaliza a los administradores que siguieron los protocolos de delegación establecidos por la ley.
Además, este caso resalta la necesidad de fortalecer la auditoría interna en las empresas públicas. La delegación técnica es una herramienta poderosa, pero requiere de un sistema de rendición de cuentas robusto para evitar que se convierta en un mecanismo de opacidad. El gobierno actual debe aprovechar este precedente para implementar reformas que mejoren la trazabilidad de los contratos, asegurando que la delegación no signifique abandono de la supervisión estratégica.
El contexto de la reforma del sector eléctrico
La controversia sobre los contratos de Celec no puede analizarse aisladamente del proceso de reforma que enfrenta el sector eléctrico ecuatoriano. El gobierno de Daniel Noboa ha impulsado una agenda de modernización que incluye la revisión de contratos onerosos y la apertura a la inversión privada bajo esquemas de eficiencia. En este marco, la clarificación de roles en contratos pasados es un paso necesario para desatar las amarras de la burocracia antigua y permitir una gestión más ágil y transparente.
La defensa de Calero también sirve como un recordatorio de la complejidad de la gestión pública. Los contratos con empresas como Progen, que suelen involucrar tecnología de punta y servicios especializados, requieren de un conocimiento técnico que la gerencia general no siempre posee. Por ello, la delegación es una necesidad estructural. El problema no es la delegación en sí, sino la falta de supervisión efectiva de los resultados de dicha delegación.
"La delegación técnica no es un escudo, es un mecanismo de eficiencia que debe ir acompañado de una auditoría estricta. La claridad en los roles es el primer paso para la transparencia real en las empresas públicas."
En conclusión, las declaraciones de Fabián Calero sobre su rol en los contratos con Progen aportan un matiz técnico esencial al debate público. Al precisar que su actuación se limitó a la delegación técnica, el exgerente de Celec invita a la sociedad y a los organismos de control a examinar con lupa el funcionamiento de las unidades de negocios. Este enfoque, lejos de ser una evasión, representa un llamado a la profesionalización de la gestión pública, alineándose con los principios de eficiencia y transparencia que debe guiar a las empresas estatales en el Ecuador moderno.
