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Justicia procesa asesinato de sargento policía en Quito: prisión e internamiento
Tres acusados responden por la muerte del funcionario en Rancho Alto; el adulto enfrenta prisión preventiva y los menores, tratamiento especial.
La Fiscalía General del Estado formalizó la investigación por el asesinato de un sargento segundo de la Policía Nacional, ocurrido en el norte de Quito. Como resultado de las diligencias preliminares, se dictaron medidas cautelares contra tres imputados: Segundo Ramón M. C., quien recibió orden de prisión preventiva; y su hijo de 13 años junto a su sobrino de 15 años, quienes fueron sancionados con internamiento preventivo conforme al régimen especial para adolescentes en conflicto con la ley penal.
Detalles del ataque y hallazgos forenses
La víctima, un servidor policial que se encontraba vestido de civil en el momento de los hechos, falleció tras sufrir 11 heridas graves causadas por objetos punzocortantes y golpes contusos. El altercado violento tuvo lugar dentro de una licorería ubicada en la parroquia Rancho Alto. Las investigaciones técnicas permitieron reconstruir la dinámica del hecho: un camino con rastros de sangre llevó a los peritos hasta el interior del establecimiento comercial, donde se confirmaron huellas hemáticas y se obtuvo el testimonio del administrador del local.
Procedimiento penal y figuras aplicadas
El caso se tramita bajo la figura de procedimiento penal ordinario. Las acciones de búsqueda permitieron la captura del menor de 13 años en Rancho Alto, donde se incautaron elementos materiales vinculados a las pericias, mientras que el adolescente de 15 fue aprehendido posteriormente en San Juan de Calderón. Segundo Ramón M.C., por su parte, acudió voluntariamente a la Unidad de Flagrancia para reconocer los hechos.
La conducta investigada corresponde al asesinato tipificado en los numerales 2 y 10 del artículo 140 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que contemplan colocar a la víctima en situación de indefensión o perpetuar el acto contra un miembro de las Fuerzas Armadas o Policía Nacional por asuntos relacionados con sus funciones. La sanción prevista oscila entre los 22 y 26 años de privación de libertad, según establece la normativa vigente, como publicó este diario en Policía vincula homicidio de taxista con crimen similar en Conocoto.
Las investigaciones formales se extenderán durante un período de 30 días para ambas causas, permitiendo a la Fiscalía completar el proceso de instrucción. La formulación de cargos se sustenta en los informes técnicos del agente que practicó las capturas y en las declaraciones juramentadas de testigos presenciales del altercado.
