El cantante Julio Iglesias enfrenta una nueva acción judicial tras el anuncio, realizado el jueves 3 de septiembre de 2026, de que dos exempleadas han presentado una querella formal ante la justicia española. Las denunciantes, identificadas bajo los nombres ficticios Rebeca y Laura para proteger su identidad, buscan reabrir un proceso penal por presuntos abusos laborales y agresiones sexuales. Esta iniciativa jurídica responde al archivo de las diligencias previas acordado previamente por el Ministerio Público español, quien consideró que carecía de jurisdicción territorial para juzgar hechos ocurridos fuera del territorio nacional.
El origen de la denuncia y los argumentos legales
Las acusaciones se remontan a 2021 y habrían ocurrido en las residencias del artista ubicadas en República Dominicana y Bahamas. Según el reclamo, asesorado por la organización Women’s Link, Julio Iglesias habría aprovechado su posición de poder para "captarlas, trasladarlas y alojarlas" bajo un clima de intimidación constante. La defensa legal de las denunciantes sostiene que la Ley Orgánica del Poder Judicial habilita la persecución de ciertos delitos cometidos por ciudadanos españoles en el extranjero, apoyándose además en convenios internacionales de derechos humanos. Women’s Link insiste en que el archivo previo no implica una resolución judicial firme sobre el fondo de los hechos.
Detalles específicos de las acusaciones
A diferencia de la investigación periodística publicada inicialmente por elDiario.es y Univisión el 13 de enero de 2026, esta nueva querella es más específica. Se acusa al cantante de trata de seres humanos con fines de trabajo forzado y servidumbre, delitos contra la libertad e indemnidad sexual, lesiones y trato degradante. Asimismo, se señalan presuntas imposiciones de condiciones laborales abusivas hacia las trabajadoras.
Durante el proceso inicial, una empleada doméstica y una fisioterapeuta relataron agresiones sexuales, tocamientos no consentidos y presiones para mantener contactos sexuales sin su consentimiento. Se llegó a mencionar que Julio Iglesias solicitaba exámenes médicos de VIH como requisito previo al contacto con las trabajadoras, tema que ya cubrimos en Defensa de Aquiles Álvarez sostiene que sigue como alcalde pese a sentencias.
La respuesta del artista y el contexto judicial
Hasta la fecha, el cantante no ha emitido una declaración pública directa sobre estas nuevas acusaciones. Periodistas intentaron contactar repetidamente a Iglesias y a su abogado en enero de 2026 sin obtener respuesta.
La defensa legal del artista mantiene que la justicia española carece de potestad para investigar estos señalamientos al haber ocurrido fuera del territorio nacional. Por otro lado, las denunciantes ya contaban con el estatus de testigos protegidos durante las diligencias previas y ahora solicitan medidas específicas de protección para este nuevo proceso judicial.
