El 29 de julio inicia el segundo proceso penal que llega a la etapa de juzgamiento contra Aquiles Álvarez, conocido como "Caso Grillete". Este procedimiento judicial investiga presuntamente el incumplimiento de decisiones legítimas de una autoridad competente por parte del burgomaestre guayaquileño, específicamente en relación con el uso y retiro no autorizado de un dispositivo de vigilancia electrónica (grillete). Las audiencias se desarrollarán entre los días 29 y 30 de julio, así como el 3 y 4 de agosto, ante el Tribunal de Garantías Penales con sede en Durán. La Fiscalía General del Estado sostiene que Álvarez incumplió la medida cautelar al retirarse el dispositivo sin autorización judicial, presentando un conjunto robusto de elementos probatorios para sustentar dicha acusación.
Evidencia técnica: Las 2.769 alertas como eje central
El núcleo de la acusación fiscal se fundamenta en datos técnicos detallados generados por el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad (SNAI). Según los documentos presentados, desde que fue impuesto el dispositivo electrónico al alcalde en julio de 2025 hasta su retiro, el sistema registró un total de 2.769 alertas. De este universo, 1.515 correspondieron a eventos "offline", mientras que 952 fueron clasificados como "online". Además, se reportaron 129 ingresos y 128 salidas de la zona umbral establecida, 33 avisos por "pulsera quitada" y cinco alertas por "salida ilegal".
Un elemento probatorio crucial es un informe técnico elaborado el 11 de febrero de 2026. En esa fecha, tras ordenarse la prisión preventiva contra Álvarez dentro del marco del caso Goleada, funcionarios del SNAI inspeccionaron el dispositivo y detectaron que presentaba la ausencia de un tornillo específico encargado de asegurar el mecanismo metálico de cierre. Este hallazgo técnico sustenta la teoría del caso fiscal: que el alcalde procedió a manipular y retirar el aparato sin el visto bueno judicial, violando así las condiciones impuestas por la justicia ecuatoriana.
Antecedentes judiciales y defensa técnica
La investigación tuvo su origen en un allanamiento realizado el 10 de febrero de 2026 en la vivienda del burgomaestre, dentro del caso Goleada. Durante esta diligencia, los agentes policiales constataron que Álvarez no portaba el dispositivo electrónico y lo encontraron sobre el piso junto a la cama; posteriormente, se registró su colocación ante un fiscal. El pasado 1 de julio, la jueza Karen Alarcón acogió el dictamen acusatorio presentado por la fiscal Lisset Barragán, llamando al juicio al alcalde como presunto autor directo del delito.
La defensa ha rechazado categóricamente las acusaciones. Ramiro García, abogado patrocinador de Álvarez, argumenta que no existió incumplimiento alguno y sostiene que el dispositivo fue retirado momentáneamente únicamente para cargar la batería, comparando esta acción con la recarga habitual de un teléfono celular. Asimismo, la defensa atribuye las múltiples alertas registradas a fallas técnicas del equipo y problemas de conectividad previamente reportados por el SNAI debido a la baja cobertura en el domicilio del acusado, así lo reportó Primicias.
Desarrollo del juicio y comparecencia
El Tribunal de Garantías Penales, integrado por Smirnova Lariza Calderón Uria, Nebel Fabricio Viera Encalada y Carlos Walberto Churta Rodríguez, ha dispuesto que Aquiles Álvarez declare mediante videoconferencia desde el Centro de Privación de Libertad La Encuentro en Santa Elena. Durante las cuatro jornadas previstas, se escuchará a los testigos anunciados por la Fiscalía y al SNAI, quien actúa como acusador particular con 25 elementos de convicción que incluyen testimonios policiales, pericias audiovisuales y el reconocimiento del lugar de los hechos.
Las audiencias sufrieron un diferimiento inicial desde el 27 de julio hasta el 29 debido a la solicitud de la defensa para garantizar su participación en otro juicio (Triple A), petición que fue aceptada por el Tribunal. No obstante, se advirtió que no se concederán nuevos aplazamientos basados en esta misma causa, marcando un ritmo estricto para este segundo proceso judicial contra el líder del movimiento Triple A.
