Este 11 de septiembre de 2026, los tribunales ecuatorianos modificaron la situación jurídica de 28 pescadores interceptados en altamar. Una jueza de garantías penales ordenó la inmediata excarcelación de los tripulantes de dos barcos bombardeados por Estados Unidos en aguas del océano Pacífico, al determinar la inexistencia de elementos de convicción suficientes que sustenten el inicio de un proceso judicial contra ellos por supuesto tráfico de sustancias ilícitas. La decisión benefició a los marineros de las embarcaciones identificadas como Montecristi y Don Rufo.
Contexto legal y operativo
La audiencia se instaló en la isla San Cristóbal, en el archipiélago de Galápagos. La Fiscalía General del Estado optó por abstenerse de formular cargos debido a la ausencia de indicios probatorios para abrir la instrucción penal. Steven Alvia, abogado defensor de los navegantes del Don Rufo, explicó que la falta de sustento técnico impidió la formalización de la causa. El Ministerio Público mantiene la potestad de continuar practicando diligencias y receptando versiones individuales, pero si no encuentra elementos suficientes estará facultado para requerir el archivo definitivo, según informamos en Justicia ecuatoriana otorga libertad condicional a 32 tripulantes de barcos hund.
Operaciones navales en la región
Las operaciones bélicas contra la flota pesquera forman parte de la ofensiva marítima impulsada por el Comando Sur de Estados Unidos. La Fuerza de Tarea Conjunta del Hemisferio Occidental actuó en coordinación con el Gobierno ecuatoriano para atacar las naves identificadas como Montecristi, hundida el lunes, y Don Rufo, atacada el martes. Los reportes militares estadounidenses vincularon estas naves a la banda delictiva Los Choneros, aliada al Cártel de Sinaloa.
