La Fiscalía General del Estado logró este viernes, 11 de septiembre de 2026, la condena de 40 años de prisión para cinco reclusos responsables directos de las 16 muertes ocurridas durante un violento motín en el centro penitenciario de Machala. El hecho se registró en la madrugada del 22 de septiembre de 2025, cuando un enfrentamiento armado entre personas privadas de libertad y personal policial derivó en una tragedia que conmocionó a la provincia de El Oro. Los sentenciados son identificados como Diego V., Wilson O., José U., Víctor P. y Vilmer G.
Aplicación del delito de terrorismo
El Tribunal, al conocer la audiencia de juzgamiento, declaró culpables a los cinco acusados por su participación en actos de violencia que configuraron el delito de terrorismo según lo argumentado por la Fiscalía. La estrategia penal se centró en las características extremas del hecho: durante el alzamiento, los reclusos utilizaron armas de fuego, punzocortantes y explosivos contra policías y guías penitenciarios que intervinieron para recuperar el control del centro. El balance final incluyó 15 fallecidos entre personas privadas de libertad y un guía penitenciario, además de otras 14 heridas graves y daños estructurales en las instalaciones, más contexto en Tribunal condena a cinco años de prisión a Lenín Moreno por casos de corrupción.
Evidencia forense y testimonios clave
La condena se sustentó en una sólida base probatoria presentada durante el juicio. La Fiscalía fundamentó su pedido en los testimonios anticipados de cuatro sobrevivientes que identificaron a los procesados como participantes activos, así como en informes médico-legales que acreditaron la muerte violenta de las 16 víctimas. Los análisis balísticos confirmaron la aptitud de las armas recuperadas durante la intervención de las fuerzas del orden, más contexto en Tribunal condena a cinco años de prisión a Lenín Moreno por casos de corrupción.
El marco legal y el aumento de la pena
Aunque el artículo 366 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) establece una pena base de hasta 30 años para el terrorismo, en este caso se aplicaron agravantes que permitieron incrementar la sanción en un tercio. Esta decisión judicial refleja la severidad con la que el sistema de justicia ecuatoriano aborda los atentados contra la seguridad institucional y la vida humana dentro del sistema penitenciario.
