La Presidenta del Consejo de la Judicatura (CJ), Mercedes Caicedo, se reunió el pasado 23 de septiembre con las máximas autoridades de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas para articular un plan integral de resguardo en las unidades judiciales especializadas que juzgan delitos de corrupción y crimen organizado. El encuentro, realizado en Quito, tuvo como objetivo principal garantizar la seguridad física no solo de los jueces y servidores del organismo, sino también de los usuarios que acuden a estas dependencias. Esta acción se presenta como una condición indispensable para preservar la independencia judicial frente al avance de las organizaciones criminales.
Coordinación interinstitucional ante el riesgo
Durante la jornada, Caicedo mantuvo dos reuniones diferenciadas con los mandos militares y policiales. En la mañana, se reunió con William Villarroel, director general de Seguridad Ciudadana de la Policía Nacional, quien ratificó el compromiso institucional para reforzar las medidas de protección en estas dependencias sensibles. Posteriormente, en horas de la tarde, la titular del CJ sostuvo un encuentro con Henry Delgado, jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, para definir los detalles operativos del resguardo. Ambas instituciones acordaron mantener una línea de contacto permanente para ejecutar y evaluar los compromisos alcanzados.
Contexto: Reestructuración judicial y violencia contra magistrados
Esta iniciativa de seguridad se enmarca en un contexto de alta tensión institucional. El pasado 7 de septiembre, el Consejo de la Judicatura aprobó una reestructuración del modelo de juzgamiento que suprimió las dependencias especializadas anteriores, transfiriendo sus competencias a las judicaturas penales ordinarias con la justificación de ampliar el número de jueces habilitados para estas causas de 19 a más de 50 a nivel nacional. Sin embargo, esta medida ha generado preocupación entre los magistrados debido al elevado riesgo que enfrentan, más contexto en Ataque violento contra agente policial refuerza alerta de seguridad en Guayaquil.
La necesidad de blindar las unidades judiciales se intensifica tras la tragedia ocurrida el 17 de septiembre en El Triunfo (Guayas), donde fue asesinado Ramón Abad, juez multicompetente. Este crimen elevó a siete los casos de funcionarios judiciales víctimas de violencia mortal en lo que va del año 2026. Según datos del Observatorio de Derechos y Justicia (ODJ), entre 2020 y septiembre de 2026 se han contabilizado 52 atentados contra la vida e integridad de operadores de justicia, dejando un saldo de 31 víctimas mortales.
