El Pleno del Consejo de la Judicatura (CJ) declaró este martes, 14 de julio de 2026, una situación de emergencia en todos los órganos jurisdiccionales de la Función Judicial. Esta medida extraordinaria tiene como objetivo principal enfrentar el severo déficit de jueces a nivel nacional y asegurar la continuidad del servicio de justicia mediante la designación temporal de magistrados. La decisión se formalizó durante la sesión ordinaria Nro. 095-2026, realizada el lunes anterior, donde las autoridades judiciales aprobaron mecanismos excepcionales para cubrir vacantes críticas en diversas instancias del país.
Respuesta técnica a la crisis operativa
La declaratoria de emergencia se fundamenta en informes técnicos y jurídicos que evidencian cómo la falta de juzgadores ha generado retrasos significativos en la tramitación de causas, audiencias fallidas o diferidas, dificultades para conformar tribunales completos y un aumento desproporcionado en la carga procesal. Para contrarrestar estos efectos, el Pleno aprobó procedimientos específicos para la selección temporal de jueces en los Tribunales de Garantías Penales y las Cortes Provinciales de Justicia. Asimismo, se incluirán conjueces temporales para la Corte Nacional de Justicia, llenando vacantes mediante procesos internos mientras avanzan los concursos públicos planificados para la designación definitiva.
Compromiso con la independencia judicial
Durante el desarrollo de la sesión, las autoridades del CJ enfatizaron que quienes sean designados bajo esta figura deben ejercer sus funciones con estricta independencia y compromiso. La presidenta del Consejo, Mercedes Caicedo Aldaz, dejó claro en su intervención: “La temporalidad no puede ser un pretexto para incumplir su rol. Este país no se merece jueces golondrinas”. Esta afirmación subraya la necesidad de mantener estándares éticos elevados incluso bajo figuras transitorias.
Reestructuración administrativa paralela
En el marco de esta sesión, la Dirección Nacional de Talento Humano recibió instrucciones para iniciar las gestiones técnicas, administrativas y tecnológicas necesarias. Se ordenó presentar una metodología para la selección en un plazo de diez días, abarcando áreas como lo Contencioso Administrativo y Tributario a nivel nacional. Paralelamente, el Pleno resolvió remover a los directores provinciales de Imbabura y Santo Domingo de los Tsáchilas, e aceptó las renuncias de Los Ríos, Cotopaxi y Esmeraldas, medidas que buscan optimizar la gestión administrativa del organismo.
