La justicia ecuatoriana dictó orden de prisión preventiva contra Johana Núñez, prefecta del cantón Santo Domingo de los Tsáchilas, este 6 de septiembre de 2026. La medida cautelar fue dispuesta por una jueza anticorrupción durante la reinstalación de la audiencia de formulación de cargos, en el marco de una investigación por presunto enriquecimiento ilícito. Además de la privación de libertad, la magistrada ordenó la retención de 309.646 dólares y prohibió la enajenación de bienes a cargo de la funcionaria provincial.
Antecedentes del caso judicial
La investigación se originó el 8 de junio de 2026, cuando la Fiscalía General del Estado recibió una denuncia anónima a través de su Buzón de Transparencia. El reporte alertaba sobre presuntos actos de corrupción en el Gobierno Autónomo Descentralizado (GAD) provincial. Según los elementos recopilados por el Ministerio Público, Núñez habría incrementado su patrimonio en más de tres millones de dólares entre 2018 y 2025.
El proceso judicial comenzó formalmente el miércoles 2 de septiembre, tras escuchar las argumentaciones de las partes procesales. La jueza suspendió la diligencia para analizar los elementos de convicción y anunciar su resolución definitiva este domingo. El caso también involucra a tres personas del círculo familiar de la prefecta; sin embargo, estas figuras gozan de inmunidad durante el proceso electoral conforme al artículo 108 del Código de la Democracia.
Reacciones políticas y contexto legal
Frente a esta resolución judicial, La Revolución Ciudadana, movimiento que respaldó la candidatura de Núñez, emitió un comunicado el 3 de septiembre calificando el proceso como una "persecución política". En su declaración, la organización afirmó que intentan doblegar a la prefecta desde las instituciones y denunciaron presuntas campañas de intimidación contra ella y sus colaboradores, tema que ya cubrimos en Fiscalía investiga lavado de activos en caso 'La Reina'.
El movimiento político remarcó que se encuentra en etapa inicial del juicio oral y no existe sentencia condenatoria alguna, por lo que defenderá el derecho al debido proceso y la presunción de inocencia. La decisión judicial marca un punto de inflexión en la administración provincial, sometiendo a escrutinio público las finanzas de una autoridad elegida democráticamente bajo acusaciones graves de corrupción.
