El Gobierno de Daniel Noboa ha reafirmado su estrategia de seguridad en Quito mediante dos operativos ejecutados durante la noche del 5 y madrugada del 6 de septiembre. El ministro del Interior, John Reimberg, participó directamente en el despliegue en La Michelena, donde se concentraron los mayores decomisos e intervenciones migratorias. Esta acción forma parte del Plan de Protección Quito, una iniciativa que busca consolidar la presencia estatal ante las denuncias ciudadanas sobre escándalos públicos y actividades ilícitas en espacios comerciales.
Intervención integral en La Michelena
La operación en este sector de la capital contó con el apoyo de aproximadamente 300 efectivos entre instituciones nacionales y municipales, incluyendo a la Policía Nacional, Fuerzas Armadas, Aduanas, Migración e Intendencia. El balance oficial reporta nueve detenidos y siete locales clausurados por irregularidades. Entre los bienes decomisados destacan cinco kilogramos de sustancias sujetas a fiscalización, 49 armas blancas y nueve litros de licor sin autorización. Además, se retuvieron veinte ciudadanos colombianos y venezolanos por temas migratorios, tema que ya cubrimos en El respaldo político al combate de Noboa contra el narcotráfico abre nuevas estr.
Operativo Atlas 133 en Quitumbe
Un día antes, la madrugada del 4 de septiembre, la Policía Nacional ejecutó el operativo Atlas 133 en Quitumbe bajo los mismos lineamientos. En esta acción se capturaron a Bryan José G. M., alias 'Colorado', y Joel Fabricio R. S., alias 'Gato'. Las autoridades los señalan como presuntos integrantes del grupo de delincuencia organizada Los Lobos, vinculados al tráfico ilícito de sustancias. Durante el procedimiento también se incautaron dos kilogramos de clorhidrato de cocaína, plantas de marihuana y seis terminales móviles, tema que ya cubrimos en El respaldo político al combate de Noboa contra el narcotráfico abre nuevas estr.
Compromiso gubernamental con la seguridad
Reimberg enfatizó que estas acciones responden a un compromiso prioritario del ejecutivo por garantizar el orden público. La continuidad de los controles en Quito se justifica según las autoridades como una respuesta directa a la percepción ciudadana sobre la inseguridad y la ocupación indebida del espacio público.
