La selección del nuevo Fiscal General del Estado ha enfrentado un obstáculo significativo tras la decisión del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) de no aprobar el informe final de calificación de méritos correspondiente a los veintiocho aspirantes al cargo. Esta resolución, adoptada durante una sesión extraordinaria realizada en Quito entre las noches del 10 y 11 de junio de 2026, ha dejado estancado el proceso que debía reemplazar al subrogante Carlos Alarcón. La falta de quórum para validar los resultados iniciales no solo detiene la fase siguiente del concurso —la impugnación ciudadana—, sino que también obliga a actualizar el cronograma oficial, desplazando la fecha esperada de designación hacia octubre de 2026.
Alertas sobre transparencia y recalificaciones
El rechazo al documento se fundamentó en advertencias expuestas por las consejeras Nicole Bonifaz y Piedad Cuarán, quienes cuestionaron la metodología utilizada para evaluar a los concursantes. Señalaron que de los veintiocho participantes, veintidós solicitaron recalificaciones de sus notas, siendo aceptadas nueve de ellas. La vocera Bonifaz destacó casos específicos, como el expediente 100 de Tirsa Gómez y el 43 de Gabriel Pereira, donde se observaron incrementos superiores a cinco puntos que, según su criterio, carecían de una explicación uniforme respecto al principio de igualdad en la evaluación.
La discusión se tornó tensa cuando el consejero Roberto Gilbert interrumpió las críticas hacia la gestión del presidente Andrés Fantoni. Gilbert argumentó que los miembros del CPCCS fueron elegidos por mandato popular y rechazaron someterse a un escrutinio unilateral de los comisionados técnicos, exigiendo transparencia en cada punto asignado. Su intervención derivó en una moción no votada para dividir las carpetas entre los siete consejeros titulares al regreso de Fantoni, quien actualmente se encuentra en periodo vacacional programado por varias semanas.
Extensión del cronograma y riesgos institucionales
Mientras el pleno del CPCCS aún no se ha pronunciado sobre la actualización del calendario propuesta por los comisionados —que fijan el 23 de octubre como fecha límite para la elección—, el proceso avanza bajo una aparente contradicción reglamentaria. Los comisionados justificaron esta extensión invocando una "antinomia" normativa y el principio constitucional que favorece la vigencia plena de derechos. Sin embargo, este movimiento genera incertidumbre jurídica, ya que el reglamento establece un plazo máximo extensible solo por razones excepcionales evaluadas previamente.
La prolongación del concurso expone a los comisionados a posibles sanciones administrativas si se determina que han excedido sus facultades. Hasta este momento, la mayoría del consejo encabezada por Fantoni ha mantenido su postura de avanzar con el nuevo cronograma, mientras las minorías dentro del CPCCS exigen una revisión exhaustiva y legalmente sólida antes de autorizar cualquier paso adicional en la designación de la máxima autoridad ministerial.
