Las Fuerzas Armadas del Ecuador ejecutaron un operativo contra la minería ilegal en el sector de Alto Punino, que dejó como resultado la detención de tres personas y la inhabilitación de maquinaria pesada utilizada para la extracción irregular de minerales. La intervención, confirmada por fuentes oficiales y reportada por El Universo, se inscribe dentro de la política de mano dura que el gobierno de Daniel Noboa ha desplegado no solo contra el narcotráfico y el crimen organizado, sino también contra las economías ilícitas que los financian, entre ellas la minería ilegal.
El dato no es menor: organismos internacionales y las propias autoridades ecuatorianas han señalado reiteradamente que la minería ilegal se ha convertido en una de las principales fuentes de financiamiento de grupos criminales que operan en el país. Destruir su infraestructura no es solo una cuestión ambiental; es, en esencia, un golpe a las finanzas del crimen organizado.
El contexto: por qué Alto Punino importa
Alto Punino no es un nombre que aparezca con frecuencia en los titulares nacionales, pero forma parte de un entramado geográfico que las organizaciones criminales han explotado sistemáticamente para la extracción ilegal de oro y otros minerales. Estas zonas, generalmente remotas y de difícil acceso, se convierten en territorios donde la presencia del Estado ha sido históricamente débil, lo que facilita la operación de redes ilegales que emplean maquinaria pesada —retroexcavadoras, dragas, clasificadoras— para devastar cauces de ríos y suelos con total impunidad.
La minería ilegal en Ecuador ha crecido de manera alarmante en la última década. Según datos del Ministerio de Energía y Minas, las operaciones ilegales se han expandido a provincias como Napo, Zamora Chinchipe, Esmeraldas, Imbabura y zonas de la Amazonía, generando no solo un impacto ambiental devastador —contaminación de fuentes hídricas con mercurio, deforestación masiva, destrucción de ecosistemas— sino también conflictos sociales y una economía paralela que alimenta la violencia.
En este contexto, la intervención en Alto Punino no es un hecho aislado, sino parte de una serie de operativos que las Fuerzas Armadas han venido ejecutando bajo la declaratoria de conflicto armado interno y las sucesivas ampliaciones del estado de excepción que han permitido al Ejecutivo desplegar capacidades militares en tareas que antes correspondían exclusivamente a la Policía Nacional.
La estrategia: militarización del combate a economías ilícitas
Desde que el presidente Daniel Noboa declaró el conflicto armado interno en enero de 2024, la doctrina operativa del Estado ecuatoriano cambió radicalmente. Las Fuerzas Armadas dejaron de ser un actor secundario en materia de seguridad interna para convertirse en la punta de lanza contra las estructuras criminales. Esto incluye, de manera explícita, las operaciones contra la minería ilegal.
La lógica detrás de esta decisión es clara y tiene sustento en la evidencia: organizaciones como Los Lobos, Los Choneros y otras bandas que operan en territorio ecuatoriano no se financian exclusivamente del narcotráfico. La minería ilegal, el lavado de activos y la extorsión conforman un portafolio criminal diversificado. Atacar la minería ilegal es, por tanto, atacar la capacidad económica de estas organizaciones.
La destrucción de maquinaria en el terreno —una práctica que algunos sectores han cuestionado— responde a una realidad operativa: transportar retroexcavadoras y equipos pesados desde zonas remotas resulta logísticamente inviable y costoso. Además, la experiencia ha demostrado que cuando la maquinaria es solo decomisada, frecuentemente termina de vuelta en manos de los mismos operadores ilegales, ya sea por corrupción institucional o por vacíos en la cadena de custodia. La inhabilitación in situ, aunque polémica, es la medida más efectiva para garantizar que esos equipos no vuelvan a ser utilizados.
Implicaciones y desafíos pendientes
La detención de tres personas en Alto Punino es un resultado tangible, pero abre interrogantes que merecen seguimiento. ¿Se trata de operadores de bajo nivel o de eslabones que puedan conducir a las redes que financian y organizan estas operaciones? La experiencia indica que en la minería ilegal, como en el narcotráfico, los detenidos en el terreno suelen ser los actores más vulnerables de la cadena, mientras que los financistas y organizadores operan desde la comodidad de las ciudades.
Para que operativos como este tengan un impacto sostenido, es necesario que la acción militar se complemente con investigación financiera, inteligencia y procesos judiciales efectivos. De lo contrario, se corre el riesgo de caer en un ciclo de operativos mediáticos que no logran desarticular las redes de fondo.
También es fundamental abordar la dimensión social del problema. En muchas zonas de minería ilegal, comunidades enteras dependen económicamente de esta actividad. Sin alternativas productivas reales, la simple represión puede generar conflictos sociales y desplazamiento, sin resolver el problema de raíz.
La minería ilegal no es solo un delito ambiental: es un engranaje fundamental en la maquinaria financiera del crimen organizado en Ecuador. Combatirla con decisión es una necesidad estratégica, no una opción.
El operativo en Alto Punino envía una señal importante: el Estado está dispuesto a llegar a zonas donde antes no llegaba. Pero la verdadera medida de su éxito no estará en el número de máquinas destruidas, sino en la capacidad de sostener la presencia institucional en estos territorios y de judicializar efectivamente a quienes están detrás del negocio. La mano dura es necesaria, pero debe ir acompañada de inteligencia y estrategia a largo plazo.
