En un nuevo capítulo de la ofensiva estatal contra las economías ilícitas que alimentan al crimen organizado, las Fuerzas Armadas del Ecuador, en coordinación con la Agencia de Regulación y Control Minero (ARCOM), ejecutaron operativos simultáneos en la provincia de Azuay y en la región amazónica, logrando la destrucción de campamentos clandestinos dedicados a la minería ilegal. Las intervenciones incluyeron la neutralización de maquinaria pesada, reservas de combustible y estructuras logísticas que sostenían una actividad extractiva al margen de toda regulación ambiental y tributaria.
La información, difundida por Radio Centro y Sucre Noticias, confirma que los operativos se concentraron particularmente en el cantón Camilo Ponce Enríquez, en Azuay, un territorio que durante años ha sido epicentro de la minería informal e ilegal en el sur del país, y en sectores de la Amazonía ecuatoriana donde la actividad extractiva no autorizada ha venido expandiéndose con preocupante rapidez.
Camilo Ponce Enríquez: un foco histórico de minería ilegal
Para entender la relevancia de estos operativos es necesario contextualizar la situación de Camilo Ponce Enríquez. Este cantón azuayo, ubicado en la zona baja de la provincia, ha sido históricamente uno de los puntos más conflictivos en materia de minería irregular. Su geografía montañosa, rica en yacimientos auríferos, lo convierte en un imán para operaciones clandestinas que explotan los recursos sin concesiones legales, sin estudios de impacto ambiental y, lo que resulta más grave desde la perspectiva de seguridad, con vínculos cada vez más documentados con redes de crimen organizado.
En los últimos años, informes de inteligencia y reportes periodísticos han señalado que grupos delictivos —incluidos algunos con conexiones transnacionales— utilizan la minería ilegal como mecanismo de lavado de activos y fuente directa de financiamiento. El oro extraído de manera ilícita se convierte así no solo en un problema ambiental, sino en un engranaje fundamental de la cadena criminal que azota al Ecuador.
La destrucción de maquinaria pesada en estos campamentos no es un gesto simbólico: representa la eliminación de activos valorados en decenas de miles de dólares que las organizaciones criminales invierten para sostener operaciones extractivas de considerable escala. Retroexcavadoras, bombas de succión, generadores eléctricos y reservas de combustible forman parte del arsenal logístico que las FFAA desmantelaron en esta intervención.
La Amazonía bajo presión: expansión de la minería ilegal
El componente amazónico de los operativos resulta igualmente significativo. La región oriental del Ecuador enfrenta una presión creciente por parte de actores ilegales que buscan explotar sus recursos minerales, especialmente oro aluvial, en zonas de alta biodiversidad y en territorios de comunidades indígenas. La expansión de la minería ilegal en la Amazonía ha sido documentada por organizaciones ambientales y por la propia institucionalidad estatal como una amenaza directa a ecosistemas frágiles y a las fuentes de agua de poblaciones locales.
El uso de mercurio y cianuro en los procesos de extracción artesanal e ilegal contamina ríos y suelos, generando daños ambientales que pueden tardar décadas en revertirse. Además, la presencia de campamentos mineros ilegales suele venir acompañada de otros fenómenos delictivos: trata de personas, explotación laboral, tráfico de armas y narcotráfico. Es una cadena de ilicitudes que se retroalimenta.
En este sentido, la acción conjunta entre las FFAA y ARCOM responde a una lógica integral: no se trata únicamente de un operativo militar, sino de una intervención que combina la capacidad coercitiva de las fuerzas de seguridad con la autoridad técnica y regulatoria de la agencia minera.
Una política de Estado que debe sostenerse en el tiempo
Desde la perspectiva del gobierno de Daniel Noboa, estos operativos se inscriben en la estrategia más amplia de recuperación del control territorial por parte del Estado. La administración ha sido enfática en señalar que la lucha contra el crimen organizado no se limita al combate al narcotráfico, sino que abarca todas las economías ilícitas que financian a las estructuras criminales, incluida la minería ilegal.
La minería ilegal no es solo un problema ambiental: es una fuente de financiamiento del crimen organizado que debe ser combatida con la misma firmeza que el narcotráfico.
Sin embargo, la experiencia histórica del Ecuador muestra que los operativos puntuales, por espectaculares que resulten, tienen un impacto limitado si no van acompañados de una política sostenida de presencia estatal en los territorios afectados. En Camilo Ponce Enríquez y en varios cantones amazónicos, las intervenciones militares se han repetido cíclicamente durante los últimos gobiernos, pero la actividad ilegal tiende a reaparecer semanas o meses después, una vez que las fuerzas de seguridad se retiran.
El desafío, por tanto, no es solo destruir campamentos y maquinaria —algo necesario y urgente—, sino construir una presencia institucional permanente que incluya control territorial, alternativas económicas para las poblaciones locales que dependen de la minería informal, y un marco regulatorio que facilite la formalización de los pequeños mineros que operan al margen de la ley no por vocación criminal, sino por la ausencia del Estado.
Implicaciones para la seguridad nacional
El éxito de estos operativos debe medirse no solo por la cantidad de maquinaria destruida, sino por su capacidad para desarticular las redes financieras detrás de la extracción ilegal. Las FFAA y ARCOM han dado un paso importante, pero la cadena de comercialización del oro ilegal —que involucra fundidoras clandestinas, exportadores irregulares y circuitos internacionales de lavado— sigue siendo un frente abierto que requiere cooperación interinstitucional e internacional.
En un país donde el crimen organizado ha demostrado una capacidad de adaptación notable, cada golpe a sus fuentes de financiamiento cuenta. La destrucción de estos campamentos en Azuay y la Amazonía es una señal correcta, pero el verdadero indicador de éxito será la capacidad del Estado ecuatoriano para sostener esta presión en el tiempo y convertir los operativos en política pública permanente.
