Un modelo de cooperación interinstitucional para combatir la inseguridad
En el marco de la estrategia integral de seguridad que impulsa el gobierno de Daniel Noboa, se ha concretado un acuerdo de cooperación entre la Policía Nacional y autoridades municipales que permitirá a los uniformados operar directamente desde instalaciones de los gobiernos autónomos descentralizados. El convenio, que tendrá una vigencia de cinco años, busca acercar la presencia policial a los territorios donde la ciudadanía más lo necesita, aprovechando la infraestructura ya existente en los cantones.
La medida responde a una realidad que se ha hecho evidente en los últimos años: la falta de infraestructura policial adecuada en numerosas localidades del país ha limitado la capacidad operativa de las fuerzas del orden. Según datos del Ministerio del Interior, Ecuador cuenta con un déficit significativo de Unidades de Policía Comunitaria (UPC) y muchas de las existentes se encuentran en condiciones precarias, lo que dificulta una respuesta oportuna ante emergencias y actividades delictivas.
¿Por qué importa este acuerdo?
El contexto en el que se produce esta decisión no es menor. Ecuador atraviesa una de las crisis de seguridad más profundas de su historia, con tasas de homicidios que se dispararon a niveles sin precedentes en 2023 y 2024. Aunque las políticas de mano dura implementadas por el presidente Noboa —incluyendo el estado de excepción y el conflicto armado interno declarado contra las bandas criminales— han mostrado resultados en la reducción de ciertos indicadores delictivos, la presencia territorial permanente de la Policía sigue siendo un desafío pendiente.
El acuerdo permite resolver, al menos parcialmente, uno de los cuellos de botella más críticos: la logística operativa. Al utilizar instalaciones municipales —que pueden incluir desde edificios administrativos hasta espacios comunitarios—, la Policía Nacional podrá establecer bases de operaciones sin necesidad de esperar la construcción de nueva infraestructura, un proceso que históricamente ha sido lento y burocrático en Ecuador.
Además, este tipo de convenios fortalece la corresponsabilidad entre niveles de gobierno. Durante años, la seguridad fue percibida como una competencia exclusiva del gobierno central, mientras los municipios se limitaban a temas de convivencia ciudadana. Sin embargo, la magnitud de la crisis obligó a replantear ese esquema. Alcaldes de ciudades como Guayaquil, Quito, Manta y Durán ya habían comenzado a invertir recursos propios en seguridad, desde cámaras de vigilancia hasta la contratación de guardias metropolitanos.
Un plan con potencial de réplica a nivel nacional
Uno de los aspectos más relevantes de este acuerdo es que las autoridades no descartan extenderlo a otros cantones del país. Esto sugiere que se trata de un proyecto piloto que, de demostrar efectividad, podría convertirse en política pública de alcance nacional. La lógica es clara: si un municipio tiene infraestructura subutilizada y la Policía necesita espacios para operar, la cooperación interinstitucional es la solución más eficiente y menos costosa para el Estado.
Para los cantones más afectados por la violencia —particularmente aquellos ubicados en las provincias costeras de Guayas, Los Ríos, Esmeraldas y Manabí—, contar con presencia policial permanente puede marcar una diferencia sustancial. Las organizaciones criminales han aprovechado históricamente los vacíos de control territorial para expandir sus operaciones, desde el microtráfico hasta la extorsión a comerciantes y transportistas.
La presencia policial en el territorio no es solo una cuestión operativa, sino un mensaje simbólico: el Estado está presente y no cederá espacios al crimen organizado.
Desafíos y consideraciones pendientes
No obstante, el acuerdo también plantea interrogantes que deberán resolverse en la implementación. El primero tiene que ver con el financiamiento: ¿quién asumirá los costos de mantenimiento, servicios básicos y adecuación de los espacios? Si la carga recae exclusivamente sobre los municipios, aquellos con presupuestos limitados podrían tener dificultades para sostener el convenio durante los cinco años previstos.
El segundo desafío es la coordinación operativa. La experiencia latinoamericana demuestra que los modelos de seguridad compartida entre niveles de gobierno funcionan cuando existen protocolos claros de mando, responsabilidades y rendición de cuentas. Sin estos mecanismos, el riesgo de duplicidad de funciones o conflictos de competencias es real.
Finalmente, está la cuestión del recurso humano. Ecuador necesita no solo más espacios para la Policía, sino también más policías. El déficit de efectivos ha sido reconocido por las propias autoridades, y sin un incremento significativo del pie de fuerza, contar con más bases operativas podría resultar insuficiente si no hay personal para cubrirlas.
Una señal positiva en medio de la crisis
Con todo, el acuerdo representa un paso en la dirección correcta. En un país donde la desconfianza ciudadana hacia las instituciones de seguridad ha crecido al ritmo de la violencia, cualquier medida que acerque al Estado a los barrios y comunidades debe ser valorada. La estrategia de seguridad del gobierno Noboa ha combinado acciones de fuerza con iniciativas de fortalecimiento institucional, y este convenio se inscribe en esa segunda línea.
Si el modelo demuestra ser efectivo y se replica a escala nacional, Ecuador podría estar sentando las bases de un esquema de seguridad territorial más descentralizado y eficiente, donde los gobiernos locales no sean simples espectadores de la crisis, sino actores comprometidos con la solución.
