Las Fuerzas Armadas del Ecuador han escalado de manera significativa su estrategia contra la minería ilegal en la provincia de Imbabura. El uso de morteros y del sistema de lanzamiento múltiple de cohetes BM-21 —conocido como "Grad"— en operaciones terrestres marca un punto de inflexión en la lucha contra una actividad que no solo destruye ecosistemas, sino que alimenta las redes del crimen organizado transnacional que operan en el norte del país.
Según reportó La Posta, el comandante del Ejército ecuatoriano, general Jhon Miño Razo, se trasladó personalmente al sector de Buenos Aires, en Imbabura, para supervisar estas operaciones de alto impacto. El despliegue incluyó medios aéreos y armamento pesado, una demostración de fuerza militar que no tiene precedentes recientes en operaciones contra minería ilegal en territorio ecuatoriano.
¿Por qué el Ejército recurre a armamento pesado?
La decisión de emplear sistemas como el BM-21 —un lanzacohetes múltiple de fabricación soviética capaz de disparar 40 cohetes en cuestión de segundos— y morteros de campaña no es casual ni desproporcionada si se comprende el contexto operativo del sector Buenos Aires. Esta zona, ubicada en el cantón Urcuquí de la provincia de Imbabura, se ha convertido en uno de los epicentros más conflictivos de la minería ilegal en Ecuador, con presencia confirmada de grupos armados vinculados a organizaciones criminales colombianas y ecuatorianas.
Los campamentos de minería ilegal en esta zona no son operaciones artesanales. Se trata de estructuras fortificadas, protegidas por hombres armados, con maquinaria pesada y sistemas de vigilancia que dificultan el acceso de las fuerzas del orden. En operaciones anteriores, las Fuerzas Armadas se han enfrentado a resistencia armada al intentar desmantelar estos enclaves, lo que justifica —desde la perspectiva militar— la escalada en el nivel de fuerza empleado.
El BM-21, en particular, no se utiliza necesariamente para atacar directamente los campamentos mineros, sino como herramienta de supresión y disuasión que permite a las tropas terrestres avanzar con mayor seguridad sobre posiciones defendidas. Su empleo envía además un mensaje inequívoco: el Estado ecuatoriano está dispuesto a utilizar toda su capacidad militar para recuperar el control territorial.
Buenos Aires: un territorio en disputa
El sector de Buenos Aires ha sido escenario de tensiones permanentes durante los últimos años. La fiebre del oro en esta zona de la sierra norte ha atraído no solo a mineros artesanales ecuatorianos, sino a redes criminales que explotan los recursos naturales para financiar sus operaciones. La deforestación, la contaminación de fuentes hídricas con mercurio y cianuro, y el desplazamiento de comunidades indígenas y campesinas son algunas de las consecuencias más visibles.
Desde que el gobierno de Daniel Noboa declaró el conflicto armado interno en enero de 2024, las operaciones militares en zonas de minería ilegal han adquirido una dimensión distinta. Ya no se trata únicamente de un problema ambiental o económico, sino de una amenaza directa a la seguridad nacional. Los vínculos documentados entre la minería ilegal y grupos como Los Lobos, Los Choneros y organizaciones criminales colombianas han elevado el nivel de respuesta estatal.
La presencia personal del general Miño Razo en la zona de operaciones es también un gesto simbólico relevante. En la doctrina militar, la supervisión directa del comandante del Ejército señala la importancia estratégica que el alto mando otorga a estas acciones. No se trata de una operación rutinaria, sino de una ofensiva planificada con objetivos claros de desarticulación.
La estrategia de mano dura y sus implicaciones
El despliegue militar en Imbabura se inscribe dentro de la política de seguridad integral del gobierno de Noboa, que ha priorizado la recuperación del control territorial como eje central de su gestión. A diferencia de administraciones anteriores —que abordaron la minería ilegal principalmente desde lo ambiental y regulatorio—, el enfoque actual es predominantemente militar y represivo, partiendo de la premisa de que estas actividades están indisolublemente ligadas al crimen organizado.
Esta estrategia cuenta con respaldo ciudadano mayoritario en las encuestas, aunque no está exenta de cuestionamientos. Organizaciones de derechos humanos han expresado preocupación por el uso de armamento pesado en zonas donde también habitan comunidades civiles. El desafío para las Fuerzas Armadas es precisamente garantizar que la escalada militar no derive en afectaciones a la población no combatiente.
El empleo de sistemas de armas como el BM-21 en operaciones internas es excepcional en la historia reciente de Ecuador y refleja la gravedad con la que el Estado percibe la amenaza de la minería ilegal vinculada al narcotráfico.
Sin embargo, la experiencia latinoamericana demuestra que las operaciones militares, por más contundentes que sean, resultan insuficientes si no van acompañadas de presencia estatal permanente, alternativas económicas para las comunidades y una judicialización efectiva de los responsables. Colombia y Perú han librado batallas similares contra la minería ilegal durante décadas, con resultados mixtos que Ecuador debería estudiar con atención.
¿Qué viene después del operativo?
La gran interrogante tras este despliegue es si el Estado ecuatoriano tiene la capacidad de mantener el control territorial una vez que las tropas se retiren. En el pasado, operaciones similares en Buenos Aires lograron destruir maquinaria y desalojar mineros ilegales, solo para que estos regresaran semanas después ante la ausencia de fuerzas de seguridad permanentes.
El gobierno de Noboa enfrenta el reto de convertir estas operaciones de alto impacto en una estrategia sostenible. Esto implica no solo el componente militar, sino también inversión en infraestructura, presencia policial continua, programas de desarrollo económico alternativo y, sobre todo, la desarticulación judicial de las redes financieras que sostienen la minería ilegal.
Lo que ocurre en Imbabura es, en última instancia, un reflejo de la batalla más amplia que libra Ecuador por su soberanía territorial. El mensaje del Ejército es claro: no habrá zonas liberadas para el crimen organizado. La pregunta es si esa determinación militar podrá traducirse en resultados duraderos.
