La decisión del Gobierno de Daniel Noboa de interponer recursos de reconsideración y nulidad contra las resoluciones de la Comunidad Andina (CAN) ha iniciado un complejo proceso jurídico que, según estimaciones de especialistas, podría extenderse por más de un año. Sin embargo, el análisis técnico señala que estas apelaciones no tienen efecto suspensivo, lo que significa que Ecuador se encuentra técnicamente en incumplimiento desde que venció el plazo de diez días otorgado por el organismo andino para desmontar la denominada Tasa de Seguridad aplicada a mercancías provenientes de Colombia.
La obligación inmediata y el silencio de la CAN
Gabriel Pinto, director tributario y aduanero de Meythaler & Zambrano Abogados, y Alberto Acosta Burneo, editor de Análisis Semanal, coinciden en que la resolución emitida por la CAN es obligatoria y que la estrategia de apelación no exime al Estado ecuatoriano del cumplimiento inmediato. Freddy Cevallos, presidente de la Cámara de Comercio e Industrias Ecuatoriano-Colombiana (CAMECOL), confirma que la posición oficial mantiene vigente la tasa mientras se resuelven las impugnaciones. El primer paso procesal será la revisión del recurso de reconsideración ante la Secretaría General de la CAN, organismo que dispone de aproximadamente 45 días hábiles para pronunciarse, pudiendo aceptar, rechazar o modificar parcialmente la decisión inicial.
Riesgos de sanciones y reclamos internos
Si la reconsideración no favorece a Ecuador, el siguiente escalón será acudir al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina mediante una acción de nulidad, un proceso que Pinto estima entre doce y catorce meses. Durante esta espera, la CAN podría impulsar acciones formales por incumplimiento, lo que derivaría en sanciones relacionadas con beneficios comunitarios dentro del sistema andino. Además, los expertos advierten que, en caso de perder el proceso, podrían abrirse reclamos internos bajo la figura del "pago indebido", dado que el sistema tributario ecuatoriano reconoce la devolución de valores cobrados por servicios no efectivamente prestados.
