El ECU-911 ha retirado 1.223 cámaras de seguridad instaladas en el espacio público a nivel nacional, aplicando estrictamente lo establecido por el Decreto Ejecutivo 214, firmado por el presidente Daniel Noboa en marzo de 2024. Esta normativa establece que ningún ciudadano puede colocar equipos de videovigilancia sobre infraestructura pública o privada sin la autorización expresa del titular de dicha propiedad. Las intervenciones, realizadas entre marzo de 2025 y el 25 de agosto de 2026 en coordinación con la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, han evidenciado una práctica extendida que vulneraba los protocolos legales de seguridad y privacidad.
La aplicación del Decreto Ejecutivo 214
Geovanny Rivera, director Nacional de Operaciones del ECU-911, detalló que las cámaras desmontadas se encontraban en postes de distribuidoras eléctricas, semáforos y señaléticas de tránsito. El organismo identificó dos tipos principales: modelos domésticos fijos y equipos domo con lente móvil, algunos de los cuales incorporan tecnología avanzada como analítica de video y lectura de placas. Rivera señaló que muchas de estas instalaciones se ubicaron en zonas comerciales o avenidas principales sin corresponder a la seguridad perimetral del negocio adyacente.
El procedimiento seguido por el organismo es riguroso: antes de cada operativo, se busca al propietario para solicitar su permiso legal. Si no existe dicha autorización, el equipo es retirado y puesto a disposición del dueño en caso de que lo reclame. Sin embargo, las estadísticas revelan un bajo nivel de reclamación; solo 83 propietarios pidieron la devolución de sus equipos durante o después de los operativos, representando menos del 1% del total intervenido.
Seguridad perimetral vs. espacio público
Durante una entrevista con Radio Forever el 27 de agosto de 2026, Juan Carlos Paladines, director nacional del ECU-911, advirtió sobre los riesgos asociados a estas instalaciones ilegales. Señaló que algunos dispositivos se ubicaron estratégicamente para vigilar la entrada y salida de operativos policiales o militares. Además, el funcionario alertó sobre el uso indebido de estos equipos para vacunar extorsivamente a los ciudadanos o controlar microtráfico de drogas, como contamos en Alerta financiera.
Para regularizar una instalación en vía pública, un ciudadano debe solicitar permiso primero a la empresa dueña del poste (como CNEL, Empresa Eléctrica Quito o CNT) y luego obtener el posible permiso municipal de uso de suelo. Rivera explicó que las empresas públicas arriendan infraestructura a terceros bajo esta lógica; por tanto, cualquier persona que instale un dispositivo debe contar con un documento equivalente.
Interoperabilidad judicial
Más allá del control y retiro de equipos ilegales, el ECU-911 mantiene la interoperabilidad técnica con 55 gobiernos locales, incluyendo Quito, Guayaquil y Cuenca. Este sistema permite al organismo tomar el control bajo demanda cuando recibe una alerta sin cobertura propia. Las grabaciones almacenadas por 30 días en cámaras privadas o municipales se utilizan como evidencia para procesos judiciales, facilitando la labor de fiscales y jueces mediante un convenio con la Función Judicial.
