El ECU-911, en coordinación con la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, ha retirado 1.223 cámaras de seguridad instaladas en el espacio público a lo largo del territorio ecuatoriano. Esta intervención masiva responde al cumplimiento estricto del Decreto Ejecutivo 214, norma firmada por el presidente Daniel Noboa en marzo de 2024 que establece la obligatoriedad de contar con autorización previa para cualquier dispositivo de videovigilancia fuera del perímetro privado. Según informó Geovanny Rivera, director Nacional de Operaciones del organismo rector, los equipos desmontados se encontraban ubicados en postes de distribuidoras eléctricas, semáforos y señaléticas de tránsito, configurando una red de vigilancia no regulada que el Ejecutivo ha decidido erradicar para garantizar la seguridad ciudadana.
El marco legal del Decreto 214
Bajo los lineamientos del decreto presidencial, ningún ciudadano puede colocar cámaras en infraestructura pública sin solicitar previamente el permiso al dueño de dicha infraestructura. Rivera detalló que las autoridades identificaron dos tipos principales de dispositivos: modelos domésticos fijos y sistemas domo con lente móvil más avanzados, algunos equipados con analítica de video y lectura de placas. La ubicación estratégica de estas cámaras en avenidas comerciales y semáforos generaba una vigilancia cruzada sin control estatal ni municipal. El procedimiento aplicado por el ECU-911 implica la búsqueda del propietario para solicitar la autorización; si esta no existe, se procede al desmontaje inmediato.
Resultados operativos y cifras oficiales
Durante el periodo comprendido entre marzo de 2025 y el 25 de agosto de 2026, las provincias de Guayas, Los Ríos, Bolívar y El Oro concentraron la mayor cantidad de retiros. De los 1.223 equipos intervenidos, solo 83 propietarios reclamaron sus cámaras durante o después del operativo, representando menos del uno por ciento del total. Juan Carlos Paladines, director nacional del ECU-911, señaló el 27 de agosto de 2026 en Radio Forever que estos dispositivos se utilizaban para vacunar y extorsionar a la población, así como para controlar y sectorizar el microtráfico de drogas, tema que ya cubrimos en Asamblea aprueba con 83 votos ley que permite a las FF.AA. apoyar a la Policía e.
Requisitos para una instalación legal
Rivera explicó que el trámite requiere autorización tanto de la empresa dueña del poste (como CNEL o CNT) como un posible permiso municipal. Se mantiene la interoperabilidad con 55 gobiernos locales, incluyendo Quito y Guayaquil, mientras se avanza en acuerdos con el sector privado para procesos judiciales.
