El cantón Durán, históricamente uno de los puntos más críticos de la violencia criminal en Ecuador, acumula ocho días consecutivos sin registrar muertes violentas, según datos proporcionados por la Policía Nacional. La cifra, que puede parecer modesta en otros contextos, representa un logro significativo en un territorio donde los homicidios se habían convertido en parte de la cotidianidad de sus más de 300.000 habitantes.
Este resultado se produce en el marco del estado de excepción vigente en cuatro provincias del país, una medida que incluye toque de queda nocturno y operativos policiales y militares intensificados. La pregunta que surge es inevitable: ¿estamos ante evidencia tangible de que las políticas de mano dura funcionan cuando se aplican con decisión y recursos suficientes?
Un cantón que se había acostumbrado al horror
Para dimensionar lo que significan ocho días sin muertes violentas en Durán, es necesario repasar el contexto. Este cantón de la provincia del Guayas, ubicado al otro lado del río Babahoyo frente a Guayaquil, ha sido durante años uno de los epicentros de la disputa territorial entre organizaciones criminales vinculadas al narcotráfico. Sicariatos, ajustes de cuentas, extorsiones con desenlaces fatales y tiroteos en plena vía pública se habían normalizado de manera alarmante.
En los peores momentos de la crisis de seguridad ecuatoriana, Durán registraba tasas de homicidio que superaban ampliamente el promedio nacional, convirtiéndolo en uno de los cantones más peligrosos del país. Las bandas criminales operaban con relativa impunidad, aprovechando las carencias de presencia estatal, la precariedad urbanística y la proximidad con Guayaquil como centro logístico del tráfico de drogas.
Es en ese contexto donde los ocho días sin muertes violentas cobran un significado que va más allá de la estadística: representan un respiro real para una población que ha vivido bajo el asedio del crimen organizado.
El estado de excepción como herramienta de contención
La medida que ha permitido estos resultados es el estado de excepción decretado por el presidente Daniel Noboa en cuatro provincias del país, acompañado de toque de queda y un despliegue conjunto de Fuerzas Armadas y Policía Nacional. Los operativos han incluido patrullajes permanentes, controles vehiculares, requisas en zonas conflictivas y la restricción de movilidad en horarios nocturnos, que históricamente concentran la mayor parte de los hechos violentos.
Según los reportes de la Policía Nacional, difundidos por medios como El Universo, Radio Centro y Sucre Noticias, los operativos en Durán han sido particularmente intensivos. La presencia militar en las calles, combinada con la labor de inteligencia policial, ha logrado desarticular la operatividad habitual de los grupos criminales que disputaban el control del territorio.
La estrategia del gobierno de Noboa parte de una premisa clara: cuando el Estado ocupa el territorio con fuerza y determinación, el crimen organizado retrocede. Los resultados en Durán parecen confirmar esta tesis.
Los críticos del estado de excepción suelen argumentar que se trata de medidas temporales que no atacan las causas estructurales de la violencia. Si bien este argumento tiene mérito en el largo plazo, resulta difícil sostenerlo como objeción principal cuando hay vidas humanas que se están salvando en el presente inmediato. Para las familias de Durán, cada día sin un asesinato es un día ganado.
El desafío de la sostenibilidad
El verdadero reto, sin embargo, no es lograr ocho días sin muertes violentas bajo un esquema de excepción, sino convertir esa tendencia en una realidad permanente. Las experiencias en otros países de América Latina —desde El Salvador hasta Colombia— demuestran que las intervenciones de fuerza son efectivas como medida de choque, pero requieren ser complementadas con políticas de consolidación territorial.
Esto implica que, una vez levantado el estado de excepción, Durán necesitará una presencia policial sostenida, inversión en infraestructura urbana, programas de empleo y prevención del delito, y un sistema judicial que procese efectivamente a los detenidos durante los operativos. Sin estos componentes, existe el riesgo de que la violencia regrese una vez que se retiren las tropas.
El gobierno de Noboa ha dado señales de comprender esta dinámica. La estrategia de seguridad del Ejecutivo no se limita a los estados de excepción, sino que contempla reformas legales, fortalecimiento del sistema penitenciario y cooperación internacional en materia de inteligencia. No obstante, la velocidad de implementación de estas medidas complementarias será determinante.
Una señal para el país
Lo que ocurre en Durán tiene implicaciones que trascienden sus límites cantonales. Si un territorio tan golpeado por la violencia puede experimentar una pausa en los homicidios mediante la acción decidida del Estado, el mensaje es claro: la situación de inseguridad en Ecuador no es irreversible.
Este dato también fortalece la posición del gobierno frente a quienes cuestionan la pertinencia de los estados de excepción. Los resultados hablan: cuando hay voluntad política, recursos desplegados y una estrategia operativa clara, es posible doblegar al crimen organizado, al menos en el corto plazo.
La ciudadanía de Durán merece que estos ocho días sin violencia letal no sean la excepción, sino el comienzo de una nueva normalidad. Para ello, el compromiso del Estado deberá mantenerse mucho después de que las cámaras se apaguen y los titulares cambien de tema.
