La crisis interna del correísmo ha entrado en una fase crítica. Tras la decisión del Tribunal Contencioso Electoral (TCE) de suspender al movimiento Revolución Ciudadana 5 (RC5) por un periodo de nueve meses, debido a presuntas irregularidades vinculadas a lavado de activos y financiamiento irregular, el expresidente Rafael Correa y la exlegisladora Gabriela Rivadeneira habrían girado instrucciones para que los militantes procedan a desafiliarse masivamente de la organización política. La información, difundida por el medio Derecha Diario EC, pone sobre la mesa una maniobra que revela tanto la gravedad de la situación legal como las tensiones estratégicas dentro del movimiento más influyente de la izquierda ecuatoriana.
Una sanción sin precedentes para el correísmo
La suspensión de RC5 por parte del TCE no es un hecho menor en la historia política reciente del Ecuador. El organismo electoral determinó que existían elementos suficientes para sancionar al movimiento por irregularidades en su financiamiento, específicamente por presunto lavado de activos, una figura jurídica que trasciende las habituales faltas administrativas electorales y se adentra en el terreno penal.
Los nueve meses de suspensión implican que RC5 no podrá participar formalmente en procesos electorales, inscribir candidaturas ni realizar actividades oficiales como organización política durante ese periodo. Para un movimiento que ha construido su poder precisamente sobre la maquinaria electoral y la movilización de bases, esta sanción representa un golpe operativo considerable.
Es importante recordar que el financiamiento irregular de campañas políticas ha sido un tema recurrente en la política ecuatoriana, pero pocas veces se ha llegado a sanciones de esta magnitud contra una organización del peso de RC5. La decisión del TCE sienta un precedente que podría tener repercusiones para el conjunto del sistema de partidos.
La estrategia de las desafiliaciones: ¿blindaje o abandono?
Lo que resulta particularmente revelador es la reacción de la cúpula correísta ante la sanción. Según los reportes, tanto Rafael Correa desde su residencia en Bélgica como Gabriela Rivadeneira habrían instruido a los militantes a desafiliarse de RC5. Esta directriz plantea varias lecturas que merecen análisis detenido.
En primer lugar, la orden de desafiliación masiva podría interpretarse como una estrategia de blindaje personal. Si el movimiento enfrenta investigaciones por lavado de activos, la vinculación formal de miles de militantes podría eventualmente generar complicaciones legales o, al menos, estigmatización política. Desafiliarse sería, en esta lectura, una forma de crear distancia entre las personas y la organización investigada.
En segundo lugar, existe la posibilidad de que esta maniobra busque preparar el terreno para la creación de una nueva estructura política que recoja las bases del correísmo sin cargar con el lastre legal de RC5. No sería la primera vez que el movimiento liderado por Correa muta de nombre y forma jurídica para adaptarse a circunstancias adversas: de Alianza PAIS a Revolución Ciudadana, y de ahí a RC5, el correísmo ha demostrado una notable capacidad de reinvención organizativa.
Sin embargo, hay una tercera lectura menos favorable: que la orden refleje un estado de pánico estratégico ante la posibilidad de que las investigaciones por lavado de activos escalen y comprometan a figuras de mayor jerarquía dentro de la organización.
El contexto político: un correísmo acorralado en múltiples frentes
La suspensión de RC5 no ocurre en el vacío. El correísmo atraviesa uno de sus momentos de mayor debilidad política en años. La gestión del gobierno de Daniel Noboa ha logrado posicionar una narrativa de renovación que contrasta con la imagen de un movimiento atado a liderazgos del pasado y ahora señalado por irregularidades financieras graves.
Además, la propia figura de Rafael Correa acumula procesos judiciales pendientes, incluida su condena por cohecho en el caso Sobornos, que le impide regresar al país sin enfrentar la justicia. Que las instrucciones de desafiliación provengan de un líder prófugo que dirige la política ecuatoriana desde el extranjero añade una capa adicional de cuestionamiento sobre la gobernanza interna del movimiento.
Gabriela Rivadeneira, por su parte, fue una de las figuras más visibles de la Asamblea Nacional durante el gobierno de Correa y ha mantenido un rol activo en la estructura del correísmo. Su participación en esta directriz de desafiliación sugiere que la decisión cuenta con el respaldo de la dirigencia más cercana al expresidente.
Implicaciones para el sistema político ecuatoriano
La situación plantea interrogantes fundamentales sobre el futuro del principal bloque de oposición al gobierno de Noboa. Un correísmo fragmentado, sin estructura formal por nueve meses y con sus militantes desafiliándose, podría perder capacidad de movilización y presión política en un momento en que el Ejecutivo impulsa reformas importantes en materia de seguridad y economía.
No obstante, subestimar la capacidad de resiliencia del correísmo sería un error analítico. El movimiento ha sobrevivido a la persecución judicial de varios de sus líderes, a divisiones internas y a derrotas electorales, y ha logrado mantener una base popular significativa, especialmente en sectores rurales y urbano-marginales.
Lo que esta crisis sí evidencia es que el financiamiento político en el Ecuador sigue siendo una zona gris que requiere mayor fiscalización y transparencia. La sanción del TCE, más allá de sus implicaciones partidistas, debería servir como catalizador para un debate serio sobre cómo se financian los movimientos políticos en el país y qué mecanismos de control son necesarios para evitar que el dinero de origen ilícito contamine la democracia.
La orden de desafiliación masiva revela que, para la cúpula correísta, la supervivencia del proyecto político está por encima de cualquier estructura formal. El movimiento muta, pero las preguntas sobre el origen de sus recursos permanecen.
