Un nuevo hecho delictivo sacude a la provincia de Manabí. Cámaras de seguridad de un local comercial ubicado en la parroquia San Andrés del cantón Chone registraron el momento exacto en que un grupo de delincuentes irrumpió en el establecimiento para cometer un asalto, el pasado domingo 22 de marzo. Las imágenes, difundidas por el medio local Sucre Noticias, muestran con claridad la dinámica del atraco y han generado indignación entre los habitantes de esta zona rural manabita.
El video constituye una prueba contundente de lo que comerciantes y residentes de Chone vienen denunciando desde hace meses: la inseguridad no es un problema exclusivo de las grandes ciudades ecuatorianas. Los cantones intermedios y las parroquias rurales de provincias como Manabí también enfrentan una escalada delictiva que afecta directamente la actividad económica y la tranquilidad de sus comunidades.
Lo que revelan las imágenes del asalto
De acuerdo con el material audiovisual captado por las cámaras de seguridad del local, los delincuentes actuaron con rapidez y aparente coordinación. El asalto tuvo lugar en horas en que la parroquia San Andrés registra menor movimiento, lo que sugiere un reconocimiento previo del lugar y sus dinámicas por parte de los antisociales.
Las grabaciones muestran a los sujetos ingresando al establecimiento comercial, intimidando y procediendo a sustraer pertenencias y mercadería. La secuencia, aunque breve, evidencia un modus operandi que se ha vuelto recurrente en varias localidades de Manabí: asaltos rápidos, ejecutados con violencia y dirigidos contra negocios pequeños y medianos que constituyen el sustento de familias enteras.
Hasta el momento, las autoridades no han confirmado públicamente si se han producido detenciones relacionadas con este hecho. La comunidad de San Andrés espera que las imágenes captadas sirvan como elemento clave para que la Policía Nacional identifique y capture a los responsables.
Chone y Manabí: una provincia que clama por mayor presencia policial
El asalto registrado en San Andrés no es un incidente aislado. El cantón Chone, con una población que supera los 120.000 habitantes según las proyecciones del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), ha experimentado un incremento sostenido de hechos delictivos que van desde robos a comercios hasta asaltos en vías rurales. La situación se agrava en las parroquias periféricas, donde la presencia de fuerzas del orden es notoriamente insuficiente.
Manabí, en su conjunto, enfrenta un desafío de seguridad que trasciende las cifras de homicidios que suelen concentrar la atención mediática en provincias como Guayas o Esmeraldas. En esta provincia costera, el problema se manifiesta con mayor fuerza en delitos contra la propiedad: asaltos, robos a domicilios, hurto de ganado y extorsiones que afectan tanto al comercio formal como al sector agropecuario.
La inseguridad en zonas rurales tiene un efecto multiplicador devastador: no solo genera pérdidas económicas directas, sino que desincentiva la inversión, reduce horarios comerciales y obliga a los emprendedores a destinar recursos en seguridad privada que podrían invertir en crecimiento.
Dirigentes comunitarios y gremios comerciales de Chone han solicitado en reiteradas ocasiones el fortalecimiento de los circuitos policiales en las parroquias rurales, así como una mayor coordinación entre la Policía Nacional, las unidades de vigilancia comunitaria y los gobiernos autónomos descentralizados. Sin embargo, las respuestas institucionales han sido, cuando menos, insuficientes frente a la magnitud del problema.
La política de seguridad del gobierno y el reto en las zonas rurales
El gobierno del presidente Daniel Noboa ha priorizado la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico, con operativos de gran escala y una política de mano dura que ha recibido respaldo mayoritario de la ciudadanía. La declaratoria de conflicto armado interno en enero de 2024 y las sucesivas intervenciones militares en zonas críticas reflejan una voluntad política clara de enfrentar las estructuras criminales más peligrosas del país.
No obstante, el gran desafío pendiente radica en llevar esa misma determinación al combate de la delincuencia común que azota a cantones como Chone y a miles de parroquias rurales a lo largo del territorio nacional. Se trata de un tipo de criminalidad que, si bien no genera los titulares que producen los enfrentamientos con bandas transnacionales, erosiona día a día la calidad de vida de los ecuatorianos y debilita el tejido productivo local.
La inversión en tecnología de videovigilancia, como las cámaras que permitieron registrar este asalto, es una herramienta fundamental, pero resulta insuficiente si no se complementa con capacidad operativa de respuesta inmediata y un sistema de justicia que garantice sanciones efectivas para los delincuentes capturados. Ecuador necesita un enfoque integral de seguridad que no deje atrás a las comunidades rurales.
¿Qué sigue?
El caso del asalto en San Andrés de Chone es un recordatorio de que la batalla por la seguridad se libra en todo el territorio. Las cámaras captaron el delito, pero ahora corresponde a la Policía Nacional actuar con celeridad para dar con los responsables y enviar un mensaje claro: ningún rincón del país será zona liberada para la delincuencia.
Los comerciantes de Chone merecen trabajar sin miedo. Y los ciudadanos de Manabí merecen la misma atención en materia de seguridad que se destina a las grandes metrópolis. Esa es la deuda que el Estado ecuatoriano tiene con su ruralidad.
