Las Fuerzas de Seguridad del Estado ecuatoriano ejecutaron la destrucción de dos edificaciones en el sector de Pascuales, al norte de Guayaquil, que funcionaban como centros de operaciones de la banda terrorista Los Lobos. La acción, coordinada por el Bloque de Seguridad, se enmarca en la política de confrontación directa contra las estructuras criminales que el gobierno de Daniel Noboa ha sostenido desde la declaratoria de conflicto armado interno, y representa un paso más en la estrategia de desmantelar no solo a los integrantes de estas organizaciones, sino también su infraestructura logística y operativa.
Objetivos militares: la lógica detrás de la demolición
Las dos edificaciones destruidas no eran viviendas comunes. Según la información difundida por medios como El Universo y Sucre Noticias, las estructuras habían sido catalogadas formalmente como objetivos militares, una designación que permite a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional actuar sobre ellas bajo el marco legal del conflicto armado interno vigente en el país.
Esta clasificación implica que las autoridades contaban con inteligencia suficiente para determinar que dichas edificaciones cumplían funciones estratégicas para Los Lobos: desde la coordinación de actividades delictivas hasta el almacenamiento de armas, municiones o sustancias ilícitas. La destrucción de centros operativos busca golpear la capacidad logística de las bandas, que necesitan puntos fijos para planificar extorsiones, sicariatos y el control territorial que ejercen sobre sectores vulnerables de la ciudad.
Pascuales, ubicado en la periferia norte de Guayaquil, ha sido históricamente uno de los sectores más afectados por la violencia vinculada al crimen organizado. Su cercanía con rutas de tránsito hacia otras provincias de la Costa y la Sierra lo convierte en un punto geográficamente estratégico para las organizaciones criminales, que lo utilizan como corredor logístico y zona de reclutamiento.
Los Lobos: una de las bandas más peligrosas del país
La organización criminal Los Lobos es considerada una de las estructuras delictivas más grandes y violentas del Ecuador. Con presencia confirmada en varias provincias, esta banda ha sido vinculada a narcotráfico, extorsión, sicariato y control territorial en zonas urbanas y rurales. Su rivalidad con otras organizaciones como Los Choneros, Los Tiguerones y el Clan R7 ha alimentado una espiral de violencia que ha convertido a Guayaquil en una de las ciudades más peligrosas de América Latina en los últimos años.
Desde enero de 2024, cuando el presidente Noboa declaró el conflicto armado interno y designó a más de 20 grupos criminales como organizaciones terroristas y actores no estatales beligerantes, Los Lobos han sido uno de los principales blancos de las operaciones militares y policiales. La banda ha sufrido capturas importantes, incautaciones de armamento y la destrucción progresiva de su infraestructura, aunque su capacidad de regeneración y adaptación sigue representando un desafío para las autoridades.
La decisión de destruir físicamente las estructuras que estas organizaciones utilizan como bases responde a una lógica militar clara: no basta con realizar allanamientos y luego abandonar los inmuebles, que terminan siendo reocupados por los mismos grupos criminales o por bandas rivales. La demolición es definitiva y envía un mensaje inequívoco sobre la determinación del Estado.
Una estrategia que gana terreno y genera debate
La destrucción de infraestructura criminal no es nueva en el contexto ecuatoriano reciente. En los últimos meses, el Bloque de Seguridad ha replicado esta táctica en varias provincias, particularmente en Guayas, Los Ríos, Manabí y Esmeraldas. La estrategia se inspira en modelos aplicados en otros países de la región, como Colombia y El Salvador, donde la eliminación de la infraestructura operativa de grupos armados ha sido parte integral de las campañas de seguridad.
Desde una perspectiva de política pública, estas acciones forman parte de un enfoque integral que combina operaciones militares con inteligencia, control territorial y presencia permanente del Estado en zonas históricamente abandonadas. El gobierno de Noboa ha insistido en que la mano dura es necesaria ante la magnitud de la crisis de seguridad heredada, y los resultados —medidos en capturas, incautaciones y reducción de homicidios en ciertos sectores— tienden a respaldar esta posición.
Sin embargo, organizaciones de derechos humanos han planteado interrogantes sobre los procedimientos utilizados para clasificar inmuebles como objetivos militares, y sobre las garantías para evitar afectaciones a poblaciones civiles aledañas. Estas preocupaciones, aunque legítimas en cualquier Estado de derecho, no deben opacar la necesidad imperiosa de desarticular estructuras criminales que durante años operaron con total impunidad, muchas veces a la vista de autoridades locales que carecían de la voluntad política o la capacidad operativa para actuar.
¿Por qué importa esta operación?
La destrucción de estos dos centros operativos en Pascuales trasciende lo meramente simbólico. Cada base desmantelada reduce la capacidad de las bandas para coordinar ataques, extorsionar a comerciantes y transportistas, y mantener el control sobre comunidades enteras que viven bajo el yugo del miedo. Para los habitantes de Pascuales y sectores aledaños, estas acciones representan la posibilidad de recuperar espacios que durante años fueron territorio vedado.
El desafío, no obstante, sigue siendo enorme. La presencia del Estado no puede limitarse a operaciones militares puntuales: debe complementarse con inversión social, generación de empleo y reconstrucción del tejido comunitario. La seguridad sostenible requiere que, donde antes había un centro de operaciones criminal, surja una escuela, un centro de salud o un espacio comunitario. Solo así se evitará que las bandas, con su probada capacidad de adaptación, vuelvan a llenar los vacíos que el Estado deja cuando se retira.
Por ahora, el mensaje del Bloque de Seguridad es claro: no habrá refugio seguro para las organizaciones terroristas en el Ecuador.
