Al menos cien personas han perdido la vida como consecuencia de un derrumbe en una mina de oro ubicada en la ciudad de Bé-Mbari, en el oeste de la República Centroafricana. El incidente, que se produjo el pasado día 6, ha sido confirmado por las autoridades locales, quienes inicialmente registraron once fallecidos antes de revisar al alza la cifra tras el hallazgo de más cuerpos. Este desastre ocurre en una región fronteriza con Camerún, zona caracterizada por una intensa actividad aurífera que atrae a numerosos trabajadores en busca de sustento.
La magnitud del desastre y la respuesta oficial
Raphaël Gonigbéré, secretario del gobierno de la comuna de Gbabaza, a la que pertenece Bé-Mbari, detalló a la agencia EFE la evolución de la tragedia. “El 6 de mayo, cuando ocurrió el deslizamiento, registramos once fallecidos en el lugar. Hay personas gravemente heridas que sucumbieron a sus heridas y otras que quedaron sepultadas bajo los escombros”, explicó. Según sus cifras actualizadas una semana después, otras 62 personas han perdido la vida. Además, se mantienen 27 personas desaparecidas, a quienes las autoridades consideran fallecidas al no haber recibido señales de vida de sus familiares.
Gonigbéré subrayó la limitación de los recursos disponibles para la rescate: “Muchos mineros se encontraban en el fondo de la mina cuando ocurrió la tragedia. Sin embargo, la ayuda en cuanto a equipamiento fue muy limitada”. Hasta el momento, el Gobierno central de la República Centroafricana no ha emitido una declaración oficial, aunque prometió hacerlo tras el regreso de una misión desplegada en la zona, más detalles en Bitácora Nacional.
Contexto de la minería artesanal y reclamos sociales
La tragedia de Bé-Mbari se enmarca en un contexto de auge aurífero en la parte occidental del país, una región rica en yacimientos que ha atraído a un número creciente de jóvenes. De acuerdo con el código minero local, el Gobierno otorga permisos de explotación a cooperativas mineras. Estas operaciones suelen funcionar mediante métodos artesanales y, en algunos casos, se asocian con empresas chinas para la minería semimecanizada o industrial.
La precariedad de estas condiciones ha generado preocupación en la sociedad civil. Quentin Gouando, líder de la sociedad civil, exigió al Ejecutivo que dé explicaciones sobre los hechos. “Esperamos que el Gobierno dé explicaciones sobre el derrumpe. Estos jóvenes desesperados van a las minas para ganarse la vida, no para morir, y es verdaderamente deplorable que el Gobierno guarde silencio ante su difícil situación”, declaró. Cada año, mineros en la región pierden la vida debido a deslizamientos o contaminación por químicos, lo que ha incrementado las voces que reclaman regulaciones más estrictas para proteger la integridad de los trabajadores.
