La prefecta de Esmeraldas, Roberta Zambrano, ha asumido una postura firme y analítica en defensa de la reciente reforma al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD). Su intervención no solo busca validar un cambio normativo, sino que representa un punto de inflexión en la gestión pública provincial, marcando una ruptura clara con las prácticas de administración del pasado régimen correísta. Zambrano sostiene que la asignación del 70% de los recursos hacia la inversión pública es la única vía viable para transformar la realidad de una provincia que históricamente ha sido rezagada en infraestructura y servicios básicos.
El debate sobre la distribución del presupuesto provincial no es una mera cuestión técnica de contabilidad, sino un asunto de Estado que define la capacidad de las instituciones para generar desarrollo sostenible. Durante años, el modelo de gestión heredado priorizó el gasto corriente, es decir, el pago de sueldos, bonificaciones y operativos administrativos, dejando en un segundo plano la inversión en obras que generen valor agregado a largo plazo. La reforma impulsada por el gobierno de Daniel Noboa y apoyada por figuras como Zambrano busca corregir este desbalance estructural que ha perpetuado la pobreza en las periferias del país.
El fin de la cultura del gasto corriente y la herencia correísta
Roberta Zambrano fue contundente al señalar que con esta reforma se cierra definitivamente el ciclo de la ineficiencia administrativa que caracterizó a la era del correísmo. Bajo ese modelo, los recursos de los gobiernos autónomos descentralizados (GAD) se dilapidaban en la expansión de la burocracia y en gastos que no generaban retorno económico ni social tangible. La prefecta de Esmeraldas argumenta que es imperativo entender que un presupuesto desviado hacia el gasto corriente es un presupuesto que no construye escuelas, ni carreteras, ni hospitales.
La defensa de la norma por parte de Zambrano trasciende la política partidista para convertirse en una exigencia de eficiencia. Esmeraldas, como provincia fronteriza y con una economía basada en el extractivismo y la agricultura, requiere una infraestructura vial y portuaria moderna para competir en los mercados globales. El correísmo, según su análisis, dejó una administración donde la inversión era una variable residual, sujeta a los vaivenes políticos y a la discrecionalidad de los funcionarios, en lugar de ser un derecho garantizado por la ley. Al establecer el 70% para inversión, se blindan los recursos contra la corrupción y el malgasto, asegurando que cada dólar recaudado se traduzca en obras físicas.
"Jamás pasará lo que pasó en la gestión anterior, donde el presupuesto se consumía en gastos operativos sin dejar rastro de desarrollo real para el ciudadano común", afirmó Zambrano al cerrar su intervención sobre la importancia de la reforma.
Impacto económico y la visión de libre mercado en las provincias
Desde una perspectiva de economía de mercado, la reforma al COOTAD es un mecanismo esencial para desatascar la inversión privada y pública simultáneamente. Cuando el Estado invierte en infraestructura de calidad, reduce los costos logísticos para las empresas locales, lo que a su vez fomenta la competitividad y la generación de empleo formal. Esmeraldas, con su potencial petrolero y agrícola, necesita urgentemente de esta inyección de capital en obras públicas para reactivar sus cadenas de valor. La reforma no es solo un cambio en los números, es un cambio en la filosofía de gestión que alinea a los GADs con los principios de eficiencia y productividad.
El gobierno de Daniel Noboa ha identificado que la descentralización efectiva no se logra con más burocracia, sino con más capacidad de inversión. Al obligar a los GADs a destinar la mayor parte de sus recursos a inversión, se incentiva a los funcionarios locales a planificar proyectos de alto impacto y a buscar alianzas público-privadas. Esto es crucial para una provincia como Esmeraldas, donde la falta de carreteras transitables y de puertos eficientes ha frenado el crecimiento de sus sectores productivos. La reforma, por tanto, actúa como un catalizador para el desarrollo económico regional, alineando los intereses locales con la estrategia nacional de recuperación y crecimiento, así lo reportó El Universo.
Implicaciones para la seguridad y la gobernabilidad territorial
La relación entre inversión pública y seguridad es directa y no debe ser subestimada. Una provincia con infraestructura adecuada, iluminación, carreteras en buen estado y centros de rehabilitación construidos con el presupuesto de inversión, es una provincia más difícil de controlar por el crimen organizado. El correísmo dejó un vacío de gobernabilidad en Esmeraldas, exacerbado por la falta de presencia estatal y la debilidad institucional. La reforma al COOTAD permite que la prefecta Zambrano pueda ejecutar obras que mejoren la conectividad y la presencia del Estado en zonas rurales y fronterizas, áreas críticas para la lucha contra el narcotráfico.
Además, la transparencia en el uso del 70% de los recursos para inversión genera mayor confianza ciudadana en las instituciones. Cuando la población ve que el dinero se va a obras visibles y tangibles, se fortalece el tejido social y se reduce la legitimidad de las estructuras criminales que suelen llenar los vacíos de abandono estatal. La postura de Zambrano refleja la necesidad de una seguridad integral que no solo dependa de la fuerza policial, sino de la capacidad del Estado para desarrollar y proteger a sus ciudadanos mediante la inversión estratégica. En este sentido, la reforma es una herramienta de seguridad nacional aplicada a la gestión local.
En conclusión, la defensa de la reforma al COOTAD por parte de Roberta Zambrano es un acto de responsabilidad histórica para Esmeraldas. No se trata solo de cumplir una norma, sino de adoptar un nuevo paradigma de gestión que priorice el desarrollo sobre el clientelismo. Esta medida, alineada con la visión del gobierno de Daniel Noboa, representa la esperanza de un futuro donde las provincias ecuatorianas dejen de ser dependientes de las decisiones políticas de Quito para convertirse en motores de su propio crecimiento, libre de la sombra de la ineficiencia correísta.
