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Presunto jefe de sicarios de Los Tiguerones alias 'La Perris' recibe prisión preventiva tras captura en Santa Lucía

Presunto jefe de sicarios de Los Tiguerones alias 'La Perris' recibe prisión preventiva tras captura en Santa Lucía

El operativo permitió la incautación de armas ilegales y la detención de su conviviente, en un nuevo golpe a la estructura criminal que opera en la costa ecuatoriana

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Un golpe a la estructura operativa de Los Tiguerones

La captura de alias 'La Perris', señalado por las autoridades como cabecilla de la célula de sicarios de la banda Los Tiguerones, representa un avance significativo en la estrategia de desarticulación de las organizaciones criminales que operan en la costa ecuatoriana. El sujeto fue detenido en el cantón Santa Lucía, provincia del Guayas, en un operativo que también resultó en la aprehensión de su conviviente y la incautación de armas ilegales.

Un juez de garantías penales dictó prisión preventiva contra ambos detenidos, decisión que responde a la gravedad de los cargos y al perfil de peligrosidad que las autoridades atribuyen al presunto líder criminal. La medida cautelar garantiza que los procesados permanezcan bajo custodia estatal mientras avanza la investigación fiscal, según reportaron medios como El Universo y Radio Centro.

Este tipo de capturas no son hechos aislados. Se enmarcan en una política sostenida del gobierno de Daniel Noboa de atacar las estructuras de mando de las bandas criminales, priorizando la neutralización de cabecillas y mandos medios que coordinan actividades de sicariato, extorsión y narcotráfico en las provincias costeras del país.

¿Quiénes son Los Tiguerones y por qué importa esta detención?

Los Tiguerones constituyen una de las organizaciones criminales más violentas y expansivas del Ecuador contemporáneo. Con raíces en la provincia de Esmeraldas, esta banda ha extendido sus tentáculos hacia Guayas, Manabí y otras provincias, diversificando sus actividades delictivas que van desde el narcotráfico internacional hasta el sicariato por encargo y la extorsión sistemática a comerciantes y transportistas.

La organización ha sido señalada por la Fiscalía General del Estado como responsable de múltiples masacres, ajusticiamientos y enfrentamientos territoriales con bandas rivales como Los Choneros, Los Lobos y otras estructuras que se disputan el control de rutas de tráfico de drogas hacia Centroamérica y Estados Unidos. Su capacidad operativa incluye el uso de armamento de guerra, la infiltración en comunidades vulnerables y el reclutamiento de jóvenes en zonas marginales.

En este contexto, la detención de quien presuntamente dirigía la célula de sicarios de la organización no es menor. Los sicarios representan el brazo ejecutor de la violencia organizada: son quienes materializan las amenazas, eliminan a rivales y a quienes se niegan a pagar extorsiones, y siembran el terror que permite a estas bandas mantener el control territorial. Descabezar esa estructura operativa puede generar desorganización interna y reducir temporalmente la capacidad de respuesta violenta del grupo.

El operativo en Santa Lucía y las evidencias incautadas

Santa Lucía, un cantón de la provincia del Guayas con poco más de 40.000 habitantes dedicados mayoritariamente a actividades agrícolas, podría parecer un escenario improbable para la captura de un líder criminal de alto perfil. Sin embargo, esta circunstancia revela una tendencia preocupante: las bandas criminales han migrado sus centros de mando hacia zonas rurales y semiurbanas, alejándose de las grandes ciudades donde la presencia policial y militar es más intensa.

Durante el operativo, las fuerzas de seguridad lograron incautar armas ilegales en posesión del detenido y su conviviente, elementos que fortalecen la hipótesis fiscal sobre el rol de ambos dentro de la estructura criminal. La tenencia ilegal de armas, sumada a los indicios de participación en actividades de sicariato, configuró un cuadro probatorio suficiente para que el juez considerara procedente la prisión preventiva como medida cautelar.

La detención de la conviviente también resulta relevante. En múltiples investigaciones sobre crimen organizado en Ecuador y la región, las parejas sentimentales de cabecillas han demostrado cumplir roles logísticos fundamentales: desde el resguardo de armamento y dinero hasta la coordinación de comunicaciones y el lavado de activos. La justicia determinará en las próximas semanas el grado de participación de la mujer en las actividades ilícitas.

La política de mano dura y sus resultados progresivos

Esta captura se suma a una serie de operativos exitosos que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional han ejecutado durante la administración Noboa, particularmente desde la declaratoria de conflicto armado interno en enero de 2024. La estrategia gubernamental ha combinado la presencia militar en las calles, la intervención de centros penitenciarios —que funcionaban como centros de mando del crimen organizado— y la persecución focalizada de cabecillas.

Si bien los indicadores de violencia siguen siendo preocupantes, las capturas de mandos medios y altos de organizaciones como Los Tiguerones generan un efecto acumulativo que debilita progresivamente estas estructuras. Cada cabecilla detenido obliga a la organización a reestructurarse, lo que la vuelve más vulnerable a nuevas operaciones de inteligencia.

La clave está en la continuidad: las políticas de seguridad solo rinden frutos cuando se sostienen en el tiempo y se complementan con procesos judiciales eficaces que impidan la impunidad.

Precisamente, el mayor desafío no radica únicamente en la captura, sino en lo que viene después. Ecuador ha visto casos en los que líderes criminales detenidos continúan operando desde prisión o son liberados por vacíos procesales. La prisión preventiva dictada contra alias 'La Perris' es apenas el primer paso de un proceso judicial que deberá ser riguroso, transparente y blindado contra cualquier intento de interferencia.

Para los habitantes de Santa Lucía y de las provincias afectadas por la violencia de Los Tiguerones, esta detención envía un mensaje necesario: el Estado está presente y dispuesto a actuar. La consolidación de esa confianza dependerá de que la justicia, en este caso y en los que vengan, cumpla su función hasta las últimas consecuencias.