Prelación de pagos: la apuesta oficial para atraer capital al sector eléctrico

El Gobierno del presidente Daniel Noboa reformó el Reglamento General de la Ley Orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica (LOSPEE) mediante el Decreto Ejecutivo 515, del 30 de septiembre de 2026, publicado en el Noveno Suplemento del Registro Oficial 380. El cambio central es la prelación de pagos: los participantes privados en generación, transmisión, distribución, almacenamiento, servicios complementarios y alumbrado público pasan a tener prioridad de primer orden en el cobro de lo que les adeuda el sistema.

La reforma cobra relevancia en un momento sensible: entre el 1 y el 4 de noviembre de 2026, 185 industrias conectadas en alto voltaje fueron desconectadas de la red según el cronograma notificado el 30 de octubre por el Ministerio de Ambiente y Energía, mientras el país busca sumar generación.

Por qué importa

El principal freno para la inversión privada en el sector eléctrico ecuatoriano ha sido el riesgo de no cobrar. Las distribuidoras públicas acumulan deudas con la generadora estatal Celec, y un inversionista que vende energía a ese sistema necesita certezas sobre su flujo de caja. El Decreto 515 responde a esa preocupación con un orden de pago explícito y con un mecanismo operativo: las distribuidoras deberán constituir fideicomisos con la recaudación de los usuarios finales.

La prioridad se extiende también a empresas públicas que participen en alianzas o consorcios con capital privado, lo que abre la puerta a esquemas mixtos. Además, la reforma permite acuerdos directos con los financistas de los proyectos, una herramienta habitual en la banca internacional para estructurar créditos de infraestructura.

Menos trabas y más reglas claras

El decreto elimina los costos máximos que fijaba la Agencia de Regulación y Control (Arconel) en las alianzas estratégicas, crea la figura de los Distritos Autónomos Energéticos y permite que los excedentes de la autogeneración se comercialicen sin límite. También incluye reglas contra la fragmentación de proyectos de hasta 100 MW, para evitar que se dividan artificialmente con el fin de eludir procesos.

Arconel tiene ocho meses para emitir las normas técnicas y 60 días término para diseñar un mecanismo de precio preferente para las energías renovables no convencionales. El Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) queda facultado para desconectar a consumidores de alto voltaje cuando la operación lo requiera.

Las cifras de fondo

La medida profundiza un camino trazado antes. El Decreto 32, de junio de 2025, ya otorgaba prelación de primer orden a generación y transmisión, y en marzo de 2024 se emitieron acuerdos ministeriales para cubrir el riesgo de ingresos comerciales. En 2025, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) respaldó una garantía soberana de USD 77 millones para 12 proyectos privados.

El plazo para la autogeneración industrial previsto en el Decreto 32 vence el 16 de diciembre de 2026, lo que presiona a las empresas a invertir en su propia capacidad.

Las voces del debate

No todos ven la prelación como solución suficiente. El experto energético Gabriel Secaira advirtió que el mecanismo "no constituye una garantía, sino una forma de pago, cuando no hay dinero allí no se puede efectivizar el pago". El argumento oficial es que el fideicomiso con la recaudación de usuarios precisamente asegura que ese dinero exista y llegue primero a quien invierte.

Desde el sector productivo, la presión es inmediata. José Antonio Camposano, presidente de la Cámara Nacional de Acuacultura, señaló que "cuatro días sin electricidad comprometen gravemente las exportaciones", una muestra de por qué ampliar la oferta con capital privado es urgente.

Qué viene

La prueba estará en la regulación secundaria de Arconel y en la constitución efectiva de los fideicomisos por parte de las distribuidoras. Si las reglas se aplican con rapidez y estabilidad, el país tendrá un argumento sólido para atraer capital a nuevos proyectos de generación.

Redacción Contexto