La reciente medición de opinión pública en Ecuador revela una tendencia favorable para el Ejecutivo: la aprobación del presidente Daniel Noboa ha mostrado signos de recuperación, coincidiendo con una mejora en la percepción general sobre el estado del país. Este fenómeno se vincula directamente con la reducción del temor a la inseguridad, un indicador que, tras alcanzar un pico del 47% a inicios de año, ha descendido a un 37,4%. Paralelamente, la corrupción se consolida como el segundo problema más señalado por la ciudadanía, desplazando a la violencia de la primera posición en la agenda de preocupaciones nacionales.
El impacto de la política de mano dura en la percepción social
La disminución del 10% en el nivel de temor a la inseguridad no es un dato aislado, sino que refleja el efecto acumulativo de las políticas de seguridad implementadas por el gobierno de Noboa desde su asunción. La adopción de una estrategia de mano dura, que incluye el estado de excepción y operaciones militares coordinadas contra las organizaciones criminales, ha comenzado a alterar la dinámica de la violencia en el territorio. Si bien el desafío de la seguridad sigue siendo crítico, la percepción ciudadana indica que la población empieza a sentir los primeros frutos de una gestión que prioriza la disuasión y la captura de líderes criminales sobre la inacción.
Es fundamental contextualizar que la seguridad ha sido históricamente el termómetro de la gobernabilidad en Ecuador. La caída de este indicador de miedo sugiere que la ciudadanía está comenzando a validar la tesis del Ejecutivo: que solo mediante una respuesta firme y contundente se puede romper el ciclo de violencia que amenazaba con desestabilizar al Estado. Esta recuperación en la confianza es vital para la legitimidad política del presidente y abre un espacio de maniobra para profundizar en reformas estructurales que, sin un entorno más estable, serían inviables.
La corrupción como nuevo desafío en la agenda pública
El ascenso de la corrupción a la segunda posición en la lista de preocupaciones de los ecuatorianos presenta un nuevo escenario para la administración de Noboa. Si bien la reducción del miedo a la delincuencia es un logro tangible, la persistencia de la corrupción como problema prioritario exige una respuesta integral que vaya más allá de la fuerza bruta. La ciudadanía, al percibir una mayor seguridad física, comienza a exigir con mayor rigor transparencia en la gestión pública y justicia en los procesos judiciales. Esto indica que la confianza en las instituciones está recuperándose, pero es una confianza condicionada a resultados en ambas frentes: la seguridad y la integridad.
En este contexto, el gobierno debe entender que la lucha contra el crimen organizado y la corrupción están intrínsecamente ligadas. La estrategia de libre mercado y la modernización del Estado que promueve el Ejecutivo requieren un sistema judicial limpio y eficiente para atraer inversiones y garantizar el desarrollo económico. La mejora en la aprobación presidencial es, por tanto, una señal de alerta y de oportunidad: la población valida el rumbo en seguridad, pero vigila de cerca que la lucha contra la corrupción sea tan enérgica como la operada contra el narco-terrorismo.
