El operativo que terminó en delito flagrante
La Policía Nacional confirmó la captura de ocho agentes pertenecientes a la Dirección Nacional de Delitos contra la Vida, Muertes Violentas, Desapariciones, Extorsión y Secuestro (DINASED), quienes presuntamente sustrajeron dinero durante un allanamiento realizado en el norte de Guayaquil. Según la información difundida por Radio Centro, los hechos ocurrieron en horario de toque de queda, un dato que agrava las circunstancias del caso y que plantea preguntas incómodas sobre los controles internos dentro de una de las unidades policiales más sensibles del país.
Lo que debió ser un procedimiento operativo rutinario —o al menos enmarcado en funciones legítimas— quedó registrado por cámaras de vigilancia del sector, evidencia que resultó determinante para identificar a los uniformados involucrados. Las imágenes habrían mostrado a los agentes ingresando al inmueble y sustrayendo valores, una secuencia que, según fuentes policiales, no dejó margen para la negación.
¿Por qué este caso es especialmente grave?
Para dimensionar la gravedad del hecho, es necesario entender qué es la DINASED y por qué su reputación importa. Esta unidad fue creada para investigar los delitos más complejos y violentos del país: homicidios, feminicidios, desapariciones forzadas, secuestros y extorsiones. Sus agentes tienen acceso a información privilegiada, operan con amplias facultades investigativas y gozan de una confianza institucional que les permite ejecutar allanamientos con respaldo judicial. Cuando son precisamente estos agentes quienes delinquen, el daño a la credibilidad institucional es exponencialmente mayor.
El contexto de toque de queda añade otra capa de complejidad. Durante el estado de excepción vigente en diversas etapas desde enero de 2024, las fuerzas de seguridad han tenido poderes ampliados para operar en las calles con menor supervisión civil. Esta medida, necesaria para combatir al crimen organizado, funciona bajo un pacto implícito de confianza entre el Estado y la ciudadanía: los uniformados patrullan mientras los civiles permanecen en casa. Que agentes aprovechen precisamente ese horario restringido para cometer delitos constituye una traición directa a ese pacto.
Los hechos ocurrieron durante el toque de queda, cuando las facultades policiales se amplían y la supervisión civil se reduce, lo que convierte el caso en un abuso particularmente grave de la confianza pública.
La depuración policial: una deuda pendiente que no admite más demoras
Este episodio no ocurre en el vacío. El gobierno de Daniel Noboa ha insistido desde el inicio de su gestión en que la lucha contra la inseguridad requiere no solo enfrentar a las bandas criminales, sino también depurar las instituciones de seguridad desde adentro. La infiltración del narcotráfico y la corrupción en las filas policiales y militares ha sido documentada en múltiples ocasiones, desde el caso Metástasis hasta detenciones de uniformados vinculados a organizaciones delictivas.
La captura de estos ocho agentes puede leerse, de hecho, en dos direcciones. Por un lado, evidencia que la corrupción sigue enquistada en unidades que deberían ser intachables. Por otro, demuestra que existe voluntad institucional de actuar contra los propios cuando la evidencia es irrefutable. Que la Policía Nacional proceda contra sus propios miembros, sin intentar encubrir el hecho, es una señal positiva en términos de accountability, aunque insuficiente si no se traduce en procesos judiciales ejemplares y sanciones proporcionales.
El Ministerio del Interior y la Comandancia General de la Policía enfrentan ahora el desafío de garantizar que este caso no termine en la impunidad que históricamente ha caracterizado las investigaciones internas. Ecuador ha visto demasiados episodios de corrupción policial que se diluyen en procesos administrativos tibios o en traslados de unidad que no resuelven el problema de fondo.
Tecnología y vigilancia: aliados inesperados de la transparencia
Un aspecto que merece atención es el papel de las cámaras de vigilancia en la resolución del caso. La expansión de los sistemas de videovigilancia urbana, tanto públicos como privados, se ha convertido en una herramienta cada vez más relevante no solo para combatir la delincuencia común, sino también para fiscalizar a quienes tienen la responsabilidad de combatirla. En este caso, la tecnología funcionó como un mecanismo de rendición de cuentas que las estructuras internas de control no lograron activar a tiempo.
La inversión en sistemas de vigilancia inteligente, que el gobierno nacional ha impulsado como parte de su estrategia de seguridad, cobra así un doble sentido: protege a los ciudadanos del crimen y, simultáneamente, puede protegerlos de los abusos de quienes portan uniforme. Es una lección que debería reforzar la apuesta por la transparencia tecnológica en todos los operativos policiales.
Lo que viene: justicia sin privilegios
Los ocho agentes detenidos deberán enfrentar un proceso penal en el que se determine su grado de responsabilidad. La ciudadanía guayaquileña, golpeada por niveles de violencia sin precedentes, merece saber que quienes juran protegerla no se convertirán en una amenaza adicional. La Fiscalía General del Estado tiene la obligación de llevar este caso con la misma rigurosidad que aplicaría contra cualquier banda delictiva, porque en esencia, el comportamiento de estos agentes no fue diferente al de los criminales que supuestamente combatían.
La mano dura que Ecuador necesita contra la inseguridad debe empezar por casa. No hay política de seguridad creíble si quienes la ejecutan son los primeros en violarla.
