Los apagones que han afectado a varias provincias del país en las últimas semanas volvieron a encender las alarmas entre la ciudadanía, que aún guarda en la memoria la severa crisis energética de 2024. Sin embargo, la ministra de Energía, Inés Manzano, salió al paso de las especulaciones y fue categórica: Ecuador no enfrenta un déficit energético. Según la funcionaria, los cortes recientes obedecen a daños puntuales en la infraestructura de transmisión y distribución, no a una insuficiencia en la generación de electricidad.
La declaración, recogida por Radio Centro, busca enviar un mensaje de tranquilidad en un momento en que cualquier interrupción del servicio eléctrico genera nerviosismo social y político. Pero más allá del parte oficial, conviene analizar qué hay detrás de estas fallas, qué tan sólido es el sistema eléctrico actual y qué papel juega el sector privado en la ecuación energética del país.
El diagnóstico oficial: infraestructura, no generación
Manzano explicó que las interrupciones del servicio eléctrico registradas en distintas zonas del país tienen un origen técnico específico: averías en líneas de transmisión, subestaciones y equipos de distribución que, por su antigüedad o falta de mantenimiento acumulado, presentan fallas operativas. Este tipo de problemas, si bien molestos para los usuarios, tienen una naturaleza distinta a la de un déficit estructural de generación como el que paralizó al país el año pasado.
Es importante recordar el contexto. En 2024, Ecuador vivió su peor crisis energética en décadas, con racionamientos que llegaron a superar las 12 horas diarias en algunas ciudades. La combinación de una sequía histórica que redujo drásticamente los niveles de los embalses hidroeléctricos, la falta de inversión en mantenimiento durante años y la ausencia de diversificación de la matriz energética confluyeron en un colapso que afectó la productividad económica y la calidad de vida de millones de ecuatorianos.
En ese marco, la distinción que hace la ministra no es menor. Si las fallas actuales son de infraestructura y no de capacidad instalada, el problema es abordable con intervenciones técnicas focalizadas, sin necesidad de recurrir a racionamientos programados. No obstante, también revela una deuda pendiente: la red de transmisión y distribución del país necesita una modernización profunda que no se resuelve con declaraciones.
El aporte del sector privado: 170 megavatios que marcan una tendencia
Uno de los datos más relevantes ofrecidos por Manzano es la contribución del sector privado al sistema eléctrico nacional, que actualmente alcanza hasta 170 megavatios. Esta cifra, aunque modesta frente a la demanda total del país —que en horas pico puede superar los 4.500 megavatios—, representa un cambio de paradigma significativo en la política energética ecuatoriana.
Durante décadas, la generación eléctrica en Ecuador fue un monopolio estatal casi absoluto, con escasa participación privada y una dependencia casi total de las grandes centrales hidroeléctricas. El gobierno de Daniel Noboa ha impulsado una apertura que permite a empresas privadas instalar capacidad de generación —principalmente térmica y, en menor medida, solar y eólica— para complementar la oferta estatal.
La participación del sector privado en la generación eléctrica no solo aporta megavatios adicionales, sino que introduce competencia, eficiencia y reduce la vulnerabilidad del sistema ante eventos climáticos adversos.
Este enfoque favorable al libre mercado en el sector energético es coherente con la visión económica del gobierno actual y responde a una lección dolorosa: depender exclusivamente del Estado para un servicio tan crítico como la electricidad es un riesgo que Ecuador ya no puede permitirse. La meta, según ha señalado el Ejecutivo en distintas ocasiones, es seguir incrementando la participación privada hasta alcanzar niveles que brinden un colchón de seguridad real al sistema.
Las preguntas que quedan sobre la mesa
Si bien el mensaje de la ministra Manzano es tranquilizador, persisten interrogantes legítimas que merecen seguimiento. En primer lugar, ¿cuál es el plan concreto y el cronograma para reparar y modernizar la infraestructura de transmisión y distribución que está causando los cortes? Las fallas puntuales, si no se atienden de manera sistémica, pueden multiplicarse y generar una percepción de crisis aunque técnicamente no la haya.
En segundo lugar, ¿cómo se está preparando el país para el segundo semestre del año, cuando la demanda eléctrica tiende a incrementarse y las condiciones hidrológicas pueden variar? La temporada seca en la región andina y amazónica sigue siendo el talón de Aquiles de un sistema que genera aproximadamente el 75% de su electricidad a partir de fuentes hídricas.
Finalmente, existe una dimensión comunicacional que no debe subestimarse. La ciudadanía ecuatoriana quedó profundamente marcada por los apagones de 2024, y cualquier corte de luz, por breve o localizado que sea, genera desconfianza inmediata. El gobierno tiene la responsabilidad de comunicar con transparencia no solo las causas de cada interrupción, sino también las acciones correctivas que se están implementando.
Un sistema en recuperación que necesita inversión sostenida
La situación actual del sector eléctrico ecuatoriano puede describirse como una convalecencia. El paciente salió de la crisis aguda de 2024, pero aún presenta síntomas que requieren atención continua. La incorporación de generación privada, las inversiones en mantenimiento que el gobierno ha anunciado y la diversificación progresiva de la matriz energética son pasos en la dirección correcta.
Sin embargo, la recuperación plena del sistema eléctrico nacional demandará años de inversión sostenida, marcos regulatorios estables que atraigan capital privado y una gestión técnica despolitizada. Que la ministra Manzano descarte un déficit energético es una buena noticia; que las fallas de infraestructura sigan provocando cortes es un recordatorio de que el camino por recorrer sigue siendo largo.
